19 de mayo de 2026 - 13:40 El Tribunal de Apelaciones condenó a un exdocente por abuso sexual de una alumna ocurrido entre 2016 y 2019 en un centro educativo de la ciudad de Maldonado. La decisión revocó una absolución dictada en 2025 por un juzgado de primera instancia, que había considerado inconsistencias en el testimonio de la víctima.
La causa se inició en marzo de 2023, a partir de la denuncia de una menor que afirmó haber sido abusada por su profesor de informática entre los años 2016 y 2019, cuando ella tenía entre 9 y 12 años. Según su declaración, el docente aprovechaba los recreos para aislarla dentro del aula o en sectores del centro educativo donde no había cámaras de seguridad.
En agosto de 2025, el Juzgado Letrado de Violencia Doméstica y Sexual de primer turno de San Carlos resolvió absolver al imputado, al entender que existían inconsistencias en el relato de la víctima y que resultaba inverosímil que los hechos no hubieran sido detectados durante un período de tres años.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y concluyó que la valoración de primera instancia fue errónea y sin perspectiva de género. En su fallo, los ministros señalaron que el testimonio de la víctima resultaba “creíble, consistente, vivencial y ubicado en tiempo y espacio”.
El tribunal también consideró que el relato se encontraba corroborado por la declaración que la víctima realizó a su padre, las consultas médicas registradas en el sanatorio Mautone y la pericia psicológica elaborada por el Instituto Técnico Forense.
Asimismo, el fallo cuestionó el argumento relativo a la ausencia de testigos directos. “Ningún abusador concreta sus actos en público o frente a testigos”, señaló la sentencia.
A esto se sumó la declaración del director del centro educativo, quien reconoció que la desvinculación del docente no obedeció únicamente a cuestiones técnicas, sino también a situaciones incómodas y sospechosas vinculadas a alumnas.
Como resultado, el Tribunal de Apelaciones dispuso la condena del exdocente a cinco años de prisión, la prohibición por 10 años de desempeñarse en ámbitos públicos o privados vinculados a la educación, la salud o el trabajo con menores, así como su incorporación al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.
Además, se fijó una indemnización de $ 300.000 a favor de la víctima.