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Judiciales

¿Quiénes son y qué función cumplían los imputados en el marco de la Operación Carancho?

La maniobra involucraba a abogados, gestores y funcionarios públicos de distintas áreas, como abogados, policías y personal de salud.

3 de septiembre de 2026 - 18:37

La Fiscalía Departamental de Toledo logró la condena de diez personas y la imputación de otras dos tras una investigación que permitió desarticular una organización dedicada a obtener información sobre personas que habían sufrido accidentes de tránsito para luego proporcionarla a abogados interesados en captar a esas víctimas como clientes.

La maniobra involucraba a abogados, gestores y funcionarios públicos de distintas áreas, entre ellos policías, inspectores de tránsito y personal de la salud.

Los involucrados aprovechaban los datos a los que accedían por razón de sus funciones para identificar a personas accidentadas y facilitar su contacto con profesionales que buscaban representarlas en reclamos y procesos judiciales.

Entre los diez condenados se encuentran tres abogados, cuatro funcionarios policiales, el propietario de un estudio jurídico y dos gestores. Las penas impuestas oscilan entre dos años y tres años y tres meses de penitenciaría, además de multas de entre 50 y 200 Unidades Reajustables (UR).

Los delitos atribuidos incluyen asociación para delinquir especialmente agravada, reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravado y uso indebido de información privilegiada. En algunos casos también se configuró el delito de acceso ilícito a datos informáticos y, en uno de los condenados, un delito de amenazas.

Una de las abogadas recibió una pena de dos años de penitenciaría, una multa de 50 UR e inhabilitación especial para ejercer funciones públicas durante el período de la condena.

Otra profesional fue condenada a tres años de penitenciaría y una multa de 200 UR, además de la inhabilitación correspondiente.

En ambos casos se dispuso también la comunicación a la Suprema Corte de Justicia.

El tercer abogado fue condenado a dos años y diez meses de penitenciaría y una multa de 200 UR, mientras que un abogado que además se desempeñaba como funcionario policial recibió una pena de tres años y dos meses, una multa de 50 UR e inhabilitación para funciones públicas. Este último también fue condenado por amenazas y por acceso ilícito a datos informáticos.

Los otros tres funcionarios policiales recibieron penas de dos años y diez meses, dos años y tres meses y dos años y ocho meses de penitenciaría, respectivamente. Las multas fueron de 50, 50 y 200 UR, además de la inhabilitación especial para funciones públicas.

Por otra parte, el propietario de un estudio jurídico fue condenado a tres años y tres meses de penitenciaría y una multa de 200 UR. La Justicia lo responsabilizó por asociación para delinquir especialmente agravada, cohecho calificado especialmente agravado y uso indebido de información privilegiada.

Los dos gestores involucrados recibieron penas de tres años y dos años y diez meses de penitenciaría, respectivamente. El primero deberá pagar una multa de 200 UR y el segundo una de 50 UR. Ambos fueron responsabilizados por asociación para delinquir especialmente agravada, cohecho calificado especialmente agravado y uso indebido de información privilegiada.

La investigación estableció que la información obtenida por los integrantes de la organización era utilizada para anticiparse al contacto de las víctimas con otros profesionales y ofrecerles servicios de representación legal. De esta manera, datos obtenidos en ámbitos públicos o mediante el acceso a sistemas eran empleados con fines particulares y comerciales.

Además de las diez condenas, otras dos personas fueron imputadas en el marco de la causa. Una de ellas quedó sometida a prisión preventiva durante 180 días, mientras que la otra deberá cumplir prisión domiciliaria total durante el mismo período, con utilización de un dispositivo de monitoreo electrónico.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Departamental de Toledo, por lo que el avance de las actuaciones podría determinar nuevas responsabilidades vinculadas a la organización y al uso irregular de información de personas involucradas en accidentes de tránsito.

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