La Justicia condenó a diez personas e imputó a otras dos por el caso de la red de abogados y policías dedicados a captar víctimas de accidentes de tránsito.
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SUSCRIBITEFueron condenados por delitos de cohecho, asociación para delinquir y manejo de información confidencial, entre otros.
La Justicia condenó a diez personas e imputó a otras dos por el caso de la red de abogados y policías dedicados a captar víctimas de accidentes de tránsito.
La audiencia culminó pasadas las cuatro de la mañana de este jueves. Del total de involucrados, en diez casos la Fiscalía a cargo de Paula Pereira y las defensas acordaron juicios abreviados y en otros dos eso no fue posible, por lo que se dispuso la formalización.
En todos los casos se aplicó el delito del cohecho, uso de información privilegiada y asociación para delinquir. Los condenados fueron a prisión con penas que oscilan entre los dos años y meses y tres años y cinco meses de cumplimiento efectivo.
En el caso de uno de los abogados formalizados, dado que se determinó que su responsabilidad fue menor, se le impuso prisión preventiva domiciliaria total.
En la audiencia, la fiscal Pereira describió la existencia de una organización piramidal encabezada por un joven estudiante de abogacía, gestores, abogados e informantes, en muchos casos policías, que pasaban información de accidentes de tránsito, sus víctimas o sus familiares.
En base a esos datos, los abogados y los gestores se contactaban para ofrecer sus servicios y reclamar indemnizaciones económicas por los siniestros en base al SOA.
Según la Fiscalía, el grupo tenía un alto nivel de organización: en el allanamiento a la casa de su principal responsable, se encontró un pizarrón con el detalle del funcionamiento y planillas con los pagos a los informantes.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso varios casos: por ejemplo, un policía cobró $ 12.000 por pasar un dato y en otro caso un efectivo percibió $ 3.000 para brindar información.
Según pudo saber Telenoche, la Fiscalía tiene previsto citar a otras 50 personas que estarían involucradas, entre las que se encuentran más abogados, policías, pero también personal de la salud, como conductores de ambulancias y enfermeros e inspectores de tránsito.
La existencia de estos grupos venía siendo investigada en base a denuncias anónimas desde 2019, pero en junio, un gestor que tuvo una diferencia con el líder de la organización y terminó haciendo una denuncia derivó en la causa que encabeza la fiscal Pereira.
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