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SUSCRIBITEEl diputado Alfonso Lereté asegura que el trabajador, procesado por tráfico de estupefacientes, no perdió su trabajo por “ser del Frente Amplio”. Francisco Legnani dice que se actuó acorde a Derecho.
Este lunes, el diputado nacionalista Alfonso Lereté presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) una denuncia en la que señala que la Intendencia de Canelones no destituyó de su cargo a un funcionario procesado por narcotráfico en 2010, y que reincidió en 2022.
Lereté señaló que el trabajador estuvo “15 años apañado por el exintendente de Canelones, hoy candidato a la Presidencia de la República por el Frente Amplio, donde se le mantiene el contrato, cuando había sido procesado con prisión por un delito de suministro de estupefacientes. Eso en primera instancia. En segunda, años después, por el mismo delito, pero le sumó el tráfico de armas y de municiones”.
A juicio del legislador, “existe una sola explicación de por qué no se tomó la decisión de rescindir el contrato”, y que se debe al “amiguismo”, “al clientelismo”, ya que el funcionario “era integrante, seguramente sigue siendo, del Frente Amplio y del Partido Comunista”.
“La firma no es solamente del exintendente Orsi. También del secretario general (Francisco) Legnani, quien tiene directa participación en la toma de decisiones. Y hay que ver si Legnani, allá por el 2010, no estaba también en el cuerpo jurídico de la Intendencia, para ver si también, en el primer sumario, tiene o no responsabilidad”.
Para Lereté, en este caso, “está en juego la transparencia y la ética pública”.
Por su parte, el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, dijo que, antes esta situación, se actuó conforme a Derecho y con las debidas garantías.
“En 2010 se le instruyó un sumario administrativo en virtud de que la Justicia dispuso su procesamiento por haberle incautado en su domicilio 19 gramos de sustancia estupefaciente para su comercialización”, explicó.
“La esfera penal tiene independencia de la administrativa. Se le realizó un sumario administrativo y en 2011 fue sancionado con 60 días de suspensión. Se puede discutir si podía ser más o menos. En aquel momento Jurídica ponderó los descargos, él se reconoció como adicto, estaba en tratamiento y se dispuso esa sanción”, señaló el funcionario, que agregó que el trabajador “tenía anotaciones favorables en su legajo y eso se valoró como atenuante”
Legnani apuntó que ese expediente “pasó por todas las garantías del debido proceso, se instruyó en Jurídica” y más de un abogado, incluyendo supervisores de la instrucción, observaron el procedimiento sin objeciones.
“Luego, en 2022, se le inicia un sumario administrativo porque reincidió en la venta de estupefacientes y se le tipificaron un par de delitos más. Por parte del entonces intendente Yamandú Orsi se inició un sumario administrativo que terminó con la desvinculación del funcionario”.
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