Inspección del MSP en despachos del Palacio Legislativo generó fuerte cruce por fueros y separación de poderes

Una fuerte polémica y acusaciones

El origen del procedimiento se remonta al pasado miércoles, cuando la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, emitió una comunicación interna tras detectarse colillas de cigarrillo en la sala Martín C. Martínez, luego de la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone.

A pesar de la exhaustiva revisión, el acta final de los funcionarios del MSP determinó que no se constataron incumplimientos a la ley, aunque procedieron a colocar cartelería oficial que recuerda la prohibición de fumar o vapear en espacios cerrados.

La intervención del Poder Ejecutivo dentro del ámbito legislativo fue interpretada por varios representantes como un atropello a la independencia de poderes. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez calificó el episodio como el "colmo del Gran Hermano" y cuestionó la potestad de los funcionarios para ingresar a las oficinas de los legisladores, definiéndolo como una "vulneración de los fueros parlamentarios".

En la misma línea, el diputado colorado Walter Verri afirmó que este accionar "socava la democracia" y adelantó que la situación amerita plantear una cuestión de fueros ante el plenario de la Cámara. Por su parte, el senador Tabaré Viera, quien integra la Comisión Administrativa por la minoría, manifestó su sorpresa y preocupación por la falta de consulta previa: "El Poder Ejecutivo inspeccionando despachos sin autorización de legisladores es muy grave", sentenció a través de sus redes sociales.

Desde el entorno de la vicepresidenta Carolina Cosse se buscó deslindar responsabilidades directas sobre el operativo. El prosecretario de la Comisión Administrativa, José Gutiérrez, aclaró que ni Cosse ni los integrantes de dicha comisión dieron una orden directa para realizar la inspección, señalando que fue una iniciativa del propio ministerio.

Asimismo, las autoridades del Palacio informaron que, según los funcionarios de carrera, los inspectores solo ingresaron a los despachos donde los responsables otorgaron su consentimiento voluntario. Según esta versión, la inspección ya se había concretado para cuando las autoridades políticas del cuerpo tomaron conocimiento presencial del hecho.