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El presidente se basó en el artículo 197 de la Constitución para revocar presupuestación de funcionarios en Antel y para pedirle la renuncia al titular de la empresa pública./Focouy

Lacalle Pou pidió la renuncia del presidente de Antel, Guillermo Iglesias

Además, revocó la presupuestación de 857 funcionarios contratados.

19 de mayo de 2020 - 00:00

El 7 de mayo, mediante una resolución de Antel, 857 personas que eran contratadas y que estaban vinculadas a la empresa desde hacía al menos tres años, pasarían a ser funcionarios públicos. 

Para eso, el Directorio de Antel invocó el Artículo 40 de la resolución de presupuestación del decreto 385 de 2018, que es la ley de presupuesto para el año 2019 del ente y, por lo tanto, del período de gobierno anterior.

Allí se establecen las bases para la Presupuestación de Funcionarios Contratados en Régimen de Función Pública, que avala al Directorio a presupuestar a "aquellos que cuenten con una antigüedad mayor a tres años, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en las leyes respectivas y con la reglamentación interna de la Administración Nacional de Telecomunicaciones". 

En la resolución del Directorio de Antel se fijó la entrada en vigencia de la presupuestación para el primero de mayo de este año "por razones de buena administración".

Este martes, el presidente de la República revocó esa decisión que tomó el Directorio de Antel, encabezado por Iglesias, e inmediatamente le pidió la renuncia al jerarca. El mismo día, Iglesias presentó la renuncia a su cargo.

Basándose en el artículo 197 de la Constitución de la República, que le confiere al Poder Ejecutivo la potestad de hacer observaciones que crea pertinentes "así como disponer la suspensión de los actos observados" el presidente Lacalle Pou considera en su resolución que la gestión o el acto del Directorio del ente descentralizado es "inconveniente". 

Además, se exhorta al Directorio de Antel a que "a partir de la fecha de notificada la presente Resolución, deje sin efecto la Resolución observada", lo que anula la presupuestación de estos funcionarios. 

Para el gobierno, esta decisión contraviene los objetivos del Poder Ejecutivo, que además asumió con una suerte de promesa electoral de recortar los gastos del Estado.


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