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SUSCRIBITEEl proyecto enviado al Parlamento crea un servicio descentralizado que reemplazará al actual Instituto Nacional de Rehabilitación. El nuevo organismo tendrá a su cargo la gestión del sistema penitenciario y las políticas de reinserción social.
Cambios en nombre al INR.
TelenocheEl proyecto de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento propone la creación del Instituto Nacional de Reinserción, un servicio descentralizado que sustituirá al actual Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
La iniciativa está incluida en el artículo 87 del proyecto, dentro del apartado correspondiente al Ministerio del Interior. El texto establece: "Créase el Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado, el que se incorpora al Presupuesto Nacional como Inciso 37, sustituyendo la Unidad Ejecutora 026 Instituto Nacional de Rehabilitación".
Según el articulado, el nuevo organismo tendrá entre sus competencias el diseño, la implementación y el control de las políticas y programas de reinserción social para personas sometidas a medidas cautelares, penas privativas de libertad y medidas no privativas de libertad.
También será responsable de la organización y gestión del sistema penitenciario, la vigilancia de las unidades penitenciarias y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los planes de formación y capacitación del personal administrativo, técnico y operativo del instituto.
La propuesta establece que el organismo será dirigido por un directorio integrado por un presidente y dos directores, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo y permanecerán en funciones mientras este así lo disponga. El articulado también señala que cesarán de forma obligatoria al cumplir 70 años.
Además, el proyecto fija que el presidente del Instituto Nacional de Reinserción percibirá una remuneración equivalente al 70% del salario nominal de un ministro.
En la exposición del proyecto, el Poder Ejecutivo señala que la creación del nuevo organismo apunta a mejorar la gestión de los centros de privación de libertad y de las medidas alternativas dispuestas por la Justicia.
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