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SUSCRIBITEEl juez Alejandro Recarey señaló que "hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial el suministro del agua potable”.
Cortes de OSE.
El juez Alejandro Recarey ordenó a OSE que no firme el contrato para llevar adelante el proyecto Neptuno, que prevé tomar agua del Río de la Plata para el consumo humano, y cuya operativa estaría en manos de privados.
La resolución señala que “dispondrá la admisión de la medida cautelar, porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable, en infracción constitucional. Asimismo, también es dable admitir que puede haber elementos que, eventualmente, justifiquen la idea de que podría estar también vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas”.
A continuación, expresa que hay “extremos indiciarios serios, que llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad que la que podría disfrutar (proveniente de otras fuentes más limpias), sin que todavía aparezca claro que se haya cumplido con las exigencias constitucionales de amplia publicidad y difusión de la problemática, que se centra en la elección que implica: o bien privilegiar el agua de mejor calidad para el consumo humano; o no hacerlo, en final beneficio de intereses de empresas privadas”.
El documento también señala que podrían vulnerarse “objetivos propios de la Defensa Nacional”, como riesgos de contaminación, tanto en la zonas aledañas a donde se proyectan las instalaciones como “en todo el acuífero Raigón”, que podría sufrir “severos y probablemente irreversibles perjuicios”.
Finalmente, menciona “que no surge que se haya discutido a fondo, y con la necesaria transparencia pública, las posibilidades que pudieran haber de sobrecostos gravosos en las tarifas de agua”.
Así, el juez Recarey hizo lugar al pedido de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y estará vigente hasta que “no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario".
El caso pasará ahora a un Tribunal de Apelaciones.
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