Tras el encuentro, Bianchi dijo que en la Universidad de la República hay “centros de poder” enfrentados con las facultades privadas, pero valoró positivamente el compromiso del ministro de elaborar un nuevo decreto antes de fin de año.
“Nosotros sabemos que hay una influencia de la Universidad de la República, no de todas las facultades ni de todos los órdenes, pero en general sí hay algunos centros de poder que tienen problemas con las universidades privadas, que no admiten la competencia de las universidades privadas”, dijo.
En ese sentido, apuntó que “no comparte” el criterio de haber derogado el decreto vigente desde febrero de 2024, “porque el gobierno hasta último momento tiene derecho a tener sus decretos, sus leyes, lo mismo hizo el Frente y hará cuando se llegue a febrero dentro de cinco años, pero el tema es que consideramos que no fue adecuado pegar un giro de 180 grados”.
No obstante, saludó que Mahía haya prometido un nuevo decreto, “en conversaciones con las universidades privadas antes de diciembre de este año”.
Bianchi agregó que se convocará al Consejo de Rectores de las universidades privadas, para que expresen su posición ante este nuevo escenario.
“El Estado tiene que tener un rol regulador”
Por su parte, José Carlos Mahía explicó que el decreto anterior se derogó por cuestiones “de forma y de fondo”.
“Las de forma tenían que ver con los pasos que no se dieron dentro del Ministerio, la rapidez, entre comillas, con que se tomó la decisión, dos días después que perdieron las elecciones nacionales., y el último paso, tres días antes de asumir el Gobierno nuevo”.
El ministro dijo que, hacia adelante, hay una serie de consideraciones que hicieron las universidades privadas y que se tomarán en cuenta para elaborar un nuevo decreto antes de 2026.
“Es un plazo que entendemos razonable, porque da garantías desde el punto de vista jurídico y da certezas que es lo que hay que hacer desde el gobierno. Va a incluir una serie de iniciativas que tienen las universidades privadas y la pública,que actualice y que le dé mayor flexibilidad a la hora de los cambios de cursos, de carreras, más precisión a la hora de definir sedes y un rol que para nosotros es fundamental, y que es que el Estado tiene que tener un rol regulador”.