El Gobierno presentó un Proyecto de Ley de Empleo que extiende incentivos y se centra en sectores vulnerables

Subsidios al empleo privado

El texto establece como principal herramienta incentivos económicos al sector privado mediante subsidios a las retribuciones mensuales, con porcentajes variables según el perfil del trabajador. Para jóvenes de entre 15 y 24 años con más de tres meses de desempleo, el subsidio puede alcanzar hasta un tercio del salario en el caso de mujeres y un cuarto en varones, mientras que en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica asciende a dos tercios y la mitad, respectivamente.

En el caso de personas mayores de 50 años con más de seis meses sin empleo, los porcentajes son similares, con incrementos en contextos de vulnerabilidad. Para personas trans, con discapacidad y liberadas, el subsidio puede llegar hasta el 80% del salario. El tope general por contratación se fija en 3,7 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC).

Las empresas de hasta 19 trabajadores podrán acceder a subsidios por hasta 18 meses, con una reducción progresiva en el segundo año.

Condiciones laborales y protección

Los contratos deberán tener una duración de entre seis y doce meses, con un período de prueba máximo de 45 días. Además, se establece una jornada máxima de 20 horas semanales para menores de 18 años y se prohíben los horarios rotativos para jóvenes y mujeres jefas de hogares monoparentales.

Inserción laboral en el sector público

El proyecto también regula el programa “Yo Estudio y Trabajo”, que hasta ahora carecía de una base legal específica, e incorpora a empresas con participación estatal como posibles empleadoras. Se prevé que al menos el 50% de las contrataciones de becarios y pasantes en organismos públicos se destinen a jóvenes bajo este régimen.

Asimismo, se fijan cuotas internas: 50% para mujeres, 15% para personas en situación de vulnerabilidad, 8% afrodescendientes, 4% personas con discapacidad, 2% personas trans y 1% mujeres en situación de violencia de género.

Apoyo a emprendimientos

La iniciativa incluye un subsidio de hasta el 50% de los aportes patronales para emprendimientos con menos de dos años de antigüedad, siempre que al menos el 51% de su dirección esté integrada por personas de los colectivos priorizados. El beneficio tendrá un tope de 13 BFC mensuales y se otorgará por un plazo de hasta 12 meses.

Formación y capacitación

Las personas contratadas bajo este régimen tendrán prioridad en el acceso a cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), así como a programas de certificación de competencias y culminación educativa. Las empresas, por su parte, podrán acceder a formación en gestión a través de distintos organismos públicos.

Financiamiento

El financiamiento de la ley estará a cargo, principalmente, de INEFOP, que destinará hasta 10 millones de dólares anuales para los subsidios de contratación. Otros instrumentos específicos se financiarán a través del Fondo de Reconversión Laboral, el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), según el tipo de beneficiario.

“Todas las empresas pueden ampararse en la ley una vez que se apruebe, y pedir ese apoyo, pero no puede ser utilizado para desplazar trabajadores que ahora estén en la planilla”, aclaró el titular de Trabajo, Juan Castillo.