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El coordinador Residente de Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra.
El coordinador Residente de Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, dijo que apoya al gobierno en su accionar en la emergencia hídrica en el área metropolitana y se desmarcó del comunicado del relator especial del organismo que generó malestar en el Ejecutivo.
Ruiz Hiebra emitió un comunicado este domingo en el que indica que "desde la declaración oficial de la emergencia hídrica en la zona metropolitana del país el 19 de junio, he solicitado apoyo técnico del nivel regional de la organización, pues la sequía es un fenómeno que trasciende ampliamente las fronteras del país".
"El sistema Naciones Unidas en Uruguay ha desplegado sus mecanismos de preparación y respuesta a crisis, en estrecha coordinación con el gobierno uruguayo. La organización reconoce los diversos esfuerzos nacionales de respuesta a la emergencia en varios ámbitos, con un énfasis en la asistencia a las personas más vulnerables. Es importante seguir priorizando los derechos de las poblaciones más vulnerables, con el fin de no dejar a nadie atrás", agregó.
El jueves el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, citó al representante de la ONU para las Américas, Alberto Pacheco, debido a que un comunicado de la organización sobre el agua en Uruguay fue tomado con molestia y sorpresa por parte del gobierno.
Al respecto, el coordinador Residente de Naciones Unidas en Uruguay dijo este domingo que el comunicado de prensa “Expertos de la ONU instan a Uruguay a priorizar el uso del agua para el consumo humano” refleja la posición del relator especial que se enmarcan en lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, esos expertos "no son personal de la ONU y prestan un servicio no remunerado. Son independientes de cualquier gobierno u organización".
Expertos de la ONU emitieron un comunicado desde Ginebra la semana pasada e instaron a Uruguay a priorizar el uso del agua para el consumo humano.
Si bien reconocen el riesgo admitido por las autoridades de la salud, instando a los grupos vulnerables a comprar agua embotellada para beber, subrayaron que “esto crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”.
Los expertos de ONU manifestaron preocupación por las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua.
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