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SUSCRIBITEDesde el organismo piden retirar dos artículos "en defensa del empleo, la competitividad, la inversión y la reputación internacional del Uruguay".
Cámara de Zonas Francas pide eliminar de Presupuesto el impuesto mínimo global: "Vulnera la seguridad jurídica"
FocoUyLa Cámara de Zonas Francas del Uruguay emitió un comunicado expresando su posición contraria a los artículos 628 y 662 de la Ley de Presupuesto que está en discusión en Parlamento, referidos al Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, que busca gravar "las rentas obtenidas por las entidades constitutivas de un grupo multinacional", según el texto del proyecto.
Según establecieron, el impuesto vulnera la seguridad jurídica porque "omiten establecer a título expreso el respeto por los contratos vigentes, lo cual viola derechos adquiridos y la seguridad jurídica, pilares fundamentales del régimen de Zonas Francas".
Además, aseguran que expone al país a posibles litigios. "La aplicación de estos artículos (...) habilita juicios nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos y tratados de protección de inversiones, generando responsabilidad patrimonial para el país y un grave menoscabo a su soberanía", establecieron en el comunicado.
Afirman que también "desalienta nuevas inversiones y podría provocar el retiro de empresas ya instaladas" lo que podría traer aparejado "pérdida de empleo y exportaciones". "Su aprobación coloca a Uruguay en desventaja frente a la región, dónde ningún país – excepto Brasil – ha implementado el impuesto", agregaron.
La cámara asegura además que "el futuro del impuesto es incierto" y que es cuestionado desde la comunidad internacional. "Tampoco la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exige a Uruguay avanzar en este momento" sobre este punto, esgrimieron.
El texto concluye solicitando al Parlamento que estos dos artículos se eliminen, "en defensa del empleo, la competitividad, la inversión y la reputación internacional del Uruguay".
El impuesto creado en la Ley de Presupuesto busca a gravar las rentas obtenidas por las multinacionales con operaciones por más de 750 millones de euros por año y que tributen en sus casas matrices el Impuesto Mínimo Global planteado por la OCDE.
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