Uruguay, junto a 30 países, firmó una declaración en la que vuelve a pedir por la situación de Venezuela luego de las elecciones del pasado 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición y por observadores internacionales.
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SUSCRIBITEEl documento condena los “abusos, arrestos y detenciones arbitrarios, muertes, denegación de garantías e intimidación” contra la oposición democrática.
Uruguay, junto a 30 países, firmó una declaración en la que vuelve a pedir por la situación de Venezuela luego de las elecciones del pasado 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición y por observadores internacionales.
La nota señala que “la voluntad” de los venezolanos, “expresada en las urnas, debe ser respetada”, y que, a casi dos meses de las elecciones, “los venezolanos y la comunidad internacional siguen sin respuesta”.
“Permanecemos profundamente preocupados por la represión generalizada y continuada, así como por los abusos y violaciones de derechos humanos denunciados tras las elecciones. Estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarios (incluso de niños), muertes, denegación de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil”, expresa la declaración.
En el mismo sentido, condena la orden de detención contra Edmundo González Urrutia, que debió abandonar Venezuela.
Los 31 países firmantes llaman a “la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar pacíficamente sus opiniones políticas, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Hacemos un llamado a que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el hostigamiento contra la oposición y la sociedad civil”.
Además, solicita que se permita el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y que se produzcan las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente su mandato.
El comunicado también reclama que se respete la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, y se otorgue un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que residen en la legación oficial de la República Argentina y se les permita abandonar el territorio venezolano.
Firman la declaración los Gobiernos de Uruguay, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Ucrania y Unión Europea.
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