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SUSCRIBITEMaduro pidió al TSJ "certificar" los resultados de las elecciones del 28 de julio, en las que el CNE lo proclamó vencedor con un 52% de los votos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó este jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro, ignorando las acusaciones de fraude emitidas por la oposición, que calificó como “nula” la decisión del tribunal y reiteró sus dudas sobre la independencia de la corte.
Maduro solicitó al TSJ “certificar” los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró vencedor con un 52% de los votos. Sin embargo, la oposición, encabezada por María Corina Machado, sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con un 67% de los sufragios y acusa tanto al TSJ como al CNE de estar al servicio del chavismo.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida” los resultados emitidos por el CNE, proclamando a Maduro como presidente para el periodo 2025-2031.
Según Rodríguez, los boletines del CNE coinciden plenamente con los registros de las actas de escrutinio y los datos de las máquinas de votación. No obstante, la corte no ofreció detalles técnicos del peritaje, como el tamaño de la muestra analizada.
La oposición ha publicado copias de las actas en una página web, alegando que son prueba del triunfo de González Urrutia. En respuesta, el chavismo ha tachado esos documentos de “forjados”.
A minutos de la sentencia, González Urrutia reaccionó en la red social X (anteriormente Twitter) calificando la decisión como “nula”, acompañando su mensaje con la etiqueta “No usurparán la verdad”.
Tanto la coalición opositora como González Urrutia ya habían adelantado su postura el día anterior, afirmando que considerarían “ineficaz y nula” cualquier sentencia que convalidara el supuesto fraude. Expertos legales también han criticado la decisión del TSJ, señalando que la corte se excedió en sus funciones, ya que la validación de resultados es competencia exclusiva del CNE.
La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, ha rechazado la proclamación de Maduro. Durante la sesión en la sede del TSJ, el canciller venezolano, Yván Gil, reiteró su demanda de “respeto y no injerencia en asuntos internos” ante el cuerpo diplomático presente.
Una misión independiente de la ONU expresó su preocupación por la “falta de independencia e imparcialidad” del TSJ y el CNE, calificándolos como parte de la “maquinaria represiva del Estado”.
María Corina Machado agradeció el respaldo internacional y sostuvo que no hay maniobra que pueda otorgar legitimidad a Maduro. En un tono similar, Juanita Goebertus, directora regional de Human Rights Watch, calificó la decisión como un “burdo intento de encubrir judicialmente el fraude”.
El TSJ ordenó que el material electoral permanezca bajo su resguardo y exhortó al CNE a publicar los “resultados definitivos” sin detallar el escrutinio mesa por mesa. Según el CNE, el retraso en la divulgación de los resultados se debió a un ataque informático, una explicación también respaldada por la corte.
Mientras tanto, las tensiones siguen en aumento. Maduro ha acusado a González Urrutia y Machado de incitar la violencia tras las protestas que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos luego de conocerse el resultado electoral.
El mandatario ha solicitado prisión para ambos líderes opositores, y la fiscalía ha iniciado una investigación penal. El TSJ declaró en desacato a González Urrutia por no acudir a las audiencias del peritaje y remitirá el caso al fiscal general Tarek William Saab para posibles sanciones.
El alto mando de la Fuerza Armada, que ha reiterado su “lealtad absoluta” a Maduro, ha desestimado los llamados de la oposición para apoyar un cambio político. "Venezuela tiene sus instituciones y están cumpliendo", afirmó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
Por su parte, el Parlamento, dominado por el chavismo, sigue adelante con una serie de proyectos de ley, incluyendo una legislación contra el fascismo y otra para regular las redes sociales, que podrían endurecer aún más la represión contra las voces disidentes.
Entre las medidas ya aprobadas destaca una controvertida ley de fiscalización de ONG, que ha sido ampliamente criticada por defensores de derechos humanos.
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