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Intento de golpe

La Justicia de Brasil decretó la prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro

El juez entendió que Bolsonaro incumplió la medida cautelar debido a que divulgó contenido en las redes sociales, que le estaba prohibido.

4 de agosto de 2025 - 18:36

El Tribunal Supremo de Brasil decretó este lunes arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) por incumplir las medidas cautelares decretadas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos su causa por golpe de Estado.

"Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordeno el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro", anunció el juez del Supremo Alexandre de Moraes, encargado del caso, en declaraciones recogidas por el portal de noticias brasileño UOL.

La medida cautelar incumplica es el uso de redes sociales, algo que se le había prohibido explícitamente.

La Policía registró la casa en Brasilia de Bolsonaro por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama en Estados Unidos para defender la aplicación de aranceles y sanciones contra autoridades del país, incluidos los jueces del Tribunal Supremo, a quienes Washington ha revocado sus visados.

Los investigadores sostienen que Bolsonaro utilizó hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo, en favor de estas sanciones, en un momento en el que el presidente Donald Trump mostró un inusitado interés por su situación judicial.

Mientras tanto, hace un par de semanas, la Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de Estado que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.

Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.

Con información de Europa Press

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