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Embajador mexicano en Uruguay ocultó US$1: en banco de Andorra

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados en México entre 2012 y 2013 cobró en un banco de Andorra en el que sus principales directivos fueron procesados por delitos de corrupción en el año 2015.

14 de septiembre de 2017 - 00:00

El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, reconoció haber ocultado 1,2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada d´Andorra (BPA) por un trabajo que, según aseguró, no puede revelar. 

El diplomático, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados en México entre 2012 y 2013, dijo que fue “un error” cobrar los fondos en Andorra, según informó El País de Madrid, que accedió a documentos internos de BPA. El dinero pertenece al pago de un despacho de abogados de la Ciudad de México y, tanto el abogado que preside firma, Pedro Raymundo Salinas Arrambide, como Arroyo Vieyra, aseguran que se debe a un trabajo jurídico que realizaron juntos entre 2011 y 2012. El embajador señaló que luego regularizó su situación y declaró sus ingresos a la Hacienda mexicana.

Según las actas internas y confidenciales del Departamento de Cumplimiento (Compliance) de la BPA, el abogado Salinas “tiene pendiente un cobro correspondiente a su actividad de unos 3.000.000 USD", que según él, "podría justificarlo y documentarlo sin ningún problema”.

Asimismo, los documentos, que tienen algunas reservas hacia Arroyo por su perfil político, revelan que “pretende cobrarlo mediante dos transferencias a dos cuentas que nos aperturaría, una a su nombre por un importe de 1.800.000 USD y otra a nombre de Francisco Agustín Arroyo Vieyra por 1.200.000 USD”. 

Arroyo asegura que fue un pago de honorarios a su despacho. “Fui legislador y abogado postulante privado durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden. Es la manera de estar tranquilo. Fue hace años y podría estar prescrito, pero está cubierto”, manifestó. 

Durante las comunicaciones telefónicas del matutino con Arroyo, el embajador afirmó que era socio del despacho de Salinas, lo que este negó. Luego, en un segundo contacto, el diplomático aclaró que ambos han “trabajado como asociados y litigado juntos” en distintos casos, que no puede revelar “por secreto profesional”. 

El diario indica, además, que en 2013 la Cámara de Diputados de México, que presidía Arroyo Vieyra, contrató asesorías por adjudicación directa de 7,9 millones de pesos, de los cuales 3,2 millones fueron a la firma Salinas y Asociados. Al respecto, Arroyo Viera asegura que no tiene relación con el pago que recibió en Andorra.

“Le pedí a Pedro (Salinas) que fuera mi consejero en algunos asuntos. El presidente de la Cámara no maneja recursos y tiene una asesoría muy modesta. Es un abogado muy prestigioso, fue un consejero honorario, de buena voluntad. En 2013 yo no participé en ningún litigio”, señaló. 

Los principales directivos de BPA fueron procesados por delitos de corrupción en el año 2015 luego de que Estados Unidos alertara que había carteles de la droga de México y Colombia, además de compañías como la constructora brasileña Odebrecht, que utilizaban la institución para blanquear capitales y pagar comisiones ilegales a políticos europeos y estadounidenses. Luego de la polémica, Andorra terminó con el secreto bancario.  

La Justicia de Andorra pidió la extradición del dirigente de Peñarol y medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, Andrés “Bettingo” Sanguinetti, luego de que fuera mencionado por el exabogado de la brasileña Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, como uno de los presuntos implicados en el entramado de corrupción de la empresa constructora.

Sanguinetti trabajó hasta 2015 en la banca privada de Andorra, firma que participó en el sistema de sobornos de Odebrecht.

Días atrás Sanguinetti se presentó a declarar junto a su abogado, Jorge Barrera, al enterarse de que existía una orden de captura. Allí dijo no estar vinculado al pago de coimas y manifestó su voluntad de viajar a Andorra para aclarar la situación.

En el medio tuvo que pagar una fianza de 30 mil dólares para poder aguardar el pedido de extradición en libertad, aunque con una tobillera magnética puesta.
 

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