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SUSCRIBITETras años apartado de la vida oficial y bajo presión por denuncias de abuso sexual, el duque de York pierde privilegios, apoyos institucionales y representación pública.
Andrés de Reino Unido renunció a sus títulos nobiliarios.
AFPEl príncipe Andrés de Reino Unido, segundo hijo de la reina Isabel II y hermano del actual rey Carlos III, confirmó este viernes que dejará de usar todos sus títulos y honores vinculados a la corona británica, incluyendo el de Duque de York, así como los de Conde de Inverness y Barón Killyleagh. La medida, acordada con el rey, responde a la presión pública por denuncias de agresión sexual y sus vínculos con Jeffrey Epstein.
Aunque la renuncia es simbólica —los títulos no pueden retirarse legalmente sin la aprobación del Parlamento—, marca un paso definitivo en el aislamiento institucional de Andrés. Aún conservará, por nacimiento, el tratamiento de príncipe, pero sin funciones ni participación en eventos de Estado, y sus hijas Beatriz y Eugenia no se verán afectadas.
Con la renuncia, el príncipe pierde apoyo institucional, incluidos viajes oficiales, personal de asistencia y gastos de representación. Desde 2020 ya no percibía fondos públicos de la Subvención Soberana, y con este cambio podrían revisarse también los servicios de seguridad financiados por el Estado.
Andrés conservará una pensión militar por su servicio en la Marina Real —aproximadamente 20.000 libras anuales— y los ingresos derivados de sus propiedades e inversiones privadas, pero ya no contará con respaldo institucional.
La renuncia transforma su vida diaria: dejará de formar parte de la agenda del Palacio de Buckingham, de participar en ceremonias oficiales y de residir en propiedades reales, como el Royal Lodge en Windsor, que ocupa desde hace más de veinte años. En lo social, su renuncia acentúa la pérdida de estatus: se convierte en un ciudadano privado con un apellido ilustre, pero sin peso institucional.
La decisión, inédita en la monarquía británica reciente, busca proteger la imagen de la institución y marcar distancia frente a los escándalos del príncipe. Analistas indican que podría abrir la puerta a futuras acciones legales del Parlamento para una remoción formal de títulos, un proceso que requeriría legislación específica.
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