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Los bolivianos aún acuden en masa a vacunarse contra el COVID-19 para protegerse del virus y porque necesitan el carné de inmunizado para algunas actividades, mientras el gobierno confirmó el viernes que la variante ómicron ya circula en el país.
Desde el pasado 1 de enero, el gobierno del presidente Luis Arce decretó la vacunación obligatoria a quienes acuden a oficinas públicas y privadas, lo que desató una enorme demanda por inyectables contra el coronavirus.
Para descomprimir la presión, el mismo poder Ejecutivo decidió dejar en suspenso la medida desde el pasado jueves y hasta el próximo 25 de enero, dándose tiempo para encontrar maneras de hacer el proceso menos caótico.
Por eso, desde el jueves ha bajado la afluencia de personas en los centros médicos, aunque todavía se pueden ver largas filas de quienes esperan alguna de las dosis que dispone el gobierno.
El Ministerio de Salud celebró que pese a la ampliación del plazo para portar el certificado, la demanda por la vacuna no ha bajado.
La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud confirmó este viernes que la variante ómicron del COVID-19 está presente en las ciudades bolivianas de La Paz y su vecina El Alto, y probablemente en Santa Cruz.
"Lo que me dicen del laboratorio de la [estatal] Universidad Mayor de San Andrés es que han detectado la presencia de ómicron", confirmó el director de Epidemiología, Freddy Armijo.
Hasta la fecha, los resultados médicos decían que la variante prevalente era la delta.
Bolivia camina por un pico de su cuarta ola de contagios y cada día se registran nuevos récords de casos.
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