El Senado, con votos del oficialismo, consideró satisfactorias las declaraciones de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, interpelada en esa cámara por el caso Cardama.
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SUSCRIBITELa oposición no quedó satisfecha y exhortó a “dejar de lado posiciones políticas menores” y seguir adelante con la compra de las OPV.
El Senado, con votos del oficialismo, consideró satisfactorias las declaraciones de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, interpelada en esa cámara por el caso Cardama.
Al término de la sesión, la cámara aprobó una declaración en la que expresa su respaldo a la comparecencia de la ministra y a las explicaciones brindadas por las autoridades del Ministerio de Defensa.
El documento valora la disposición de Lazo para proporcionar información detallada, asumir las responsabilidades institucionales correspondientes y actuar con transparencia en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición de los buques. Para el Senado, su intervención constituye un ejercicio pleno del control democrático que le compete al Poder Legislativo.
Además, respaldó las acciones emprendidas por el Gobierno ante “las presuntas maniobras fraudulentas en la adjudicación y ejecución del contrato con la empresa encargada de construir las OPV”.
El Senado destacó la importancia de avanzar en todas las medidas jurídicas necesarias para proteger los intereses nacionales y subrayó el compromiso del gobierno con la probidad administrativa y la defensa de la soberanía.
La oposición, integrada por los senadores de los partidos Nacional y Colorado, en tanto, consideró “totalmente insatisfactorias y peligrosas” las declaraciones de Lazo “para la soberanía y el cuidado de nuestras riquezas y seguridad”.
“No obstante el contrato está vigente y no se rescindió, exhortamos a dejar de lado posiciones políticas menores que van en contra del interés nacional y dejan libre al narcotráfico y al robo de nuestras riquezas en el mar”, expresó la oposición en su declaración, y llamó a “cuidar los recursos públicos y no perder, por la temeridad del gobierno, los dineros ya invertidos en la construcción de las OPV y el logro de cuidar nuestro mar”.
Asimismo, consideró que “varias de las acciones llevadas adelante por la ministra de Defensa en estos meses son irregulares y merecen la evaluación jurídica pertinente”, y que “la conducta del Poder Ejecutivo, las continuas y públicas contradicciones entre las manifestaciones del presidente, el prosecretario de la Presidencia y el ministro de Economía sobre la rescisión del contrato y las palabras de la ministra de Defensa ponen en riesgo el patrimonio nacional”, por lo que exhortan al Gobierno a “ser cuidado en el manejo de la cosa pública”.
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