La Justicia condenó al Estado uruguayo a pagar 200.000 dólares por errores que llevaron al femicidio de Daiana Laguna, de 31 años, asesinada por su expareja, de 40 años, en agosto de 2022 en el barrio Paso de las Duranas, en Montevideo.
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SUSCRIBITELa víctima había llamado a la Policía el día de su muerte para advertir que su agresor se encontraba en el techo de su casa y le dijeron que fuera a la seccional.
La Justicia condenó al Estado uruguayo a pagar 200.000 dólares por errores que llevaron al femicidio de Daiana Laguna, de 31 años, asesinada por su expareja, de 40 años, en agosto de 2022 en el barrio Paso de las Duranas, en Montevideo.
El día del crimen, la mujer llamó a la Policía para denunciar que su expareja estaba en el techo de su vivienda. Los funcionarios policiales le indicaron en esa oportunidad que debía trasladarse hasta la seccional 8ª para formalizar la denuncia.
Cuando la mujer salió de su casa, el hombre le disparó en la calle frente a sus dos hijas, que entonces tenían 6 y 11 años. La víctima murió y el agresor se quitó la vida posteriormente. La sentencia constató 22 errores en las actuaciones de los organismos que debían proteger a la mujer.
La relación entre la víctima y el agresor duró unos 12 años y estuvo marcada por la violencia. Sin embargo, cuando la hija mayor tuvo 10 años, se autolesionó porque no quería seguir viviendo con su padre, y a partir de ese momento, Laguna comenzó a denunciarlo ante la Policía. La víctima había presentado ocho denuncias por amenazas y agresiones.
También había solicitado una tobillera electrónica para controlar los movimientos de su expareja, pero la medida nunca se concretó.
Pese a las reiteradas advertencias, no hubo una respuesta que lograra evitar el crimen.
El abogado de la familia, Pablo Lamela, explicó que el fallo identificó fallas policiales, fiscales y judiciales, entre ellas problemas en la recepción de las denuncias, la comunicación entre organismos, el seguimiento de las medidas de protección y decisiones que, según la sentencia, fueron tardías o inadecuadas.
La indemnización de 200.000 dólares corresponde al conjunto de la familia e incluye conceptos como daño moral y daño emergente. La defensa anunció que prevé apelar para intentar mejorar el monto. Por otra parte, la condena al Estado no estuvo acompañada de sanciones individuales para los funcionarios involucrados.
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