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Judiciales

Dos jóvenes fueron formalizados por el cuádruple homicidio cometido en barrio Maracaná en 2024

La Justicia dictaminó prisión preventiva para ambos como presuntos autores de homicidio muy especialmente agravado y otros delitos.

25 de marzo de 2026 - 18:05

La Justicia dictó prisión preventiva por 180 días para dos jóvenes, de 20 y 22 años, por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir.

Durante la audiencia, Fiscalía informó que se había librado orden de detención contra los implicados, incluso con alerta roja de Interpol. La defensa no presentó objeciones sobre la legalidad de las detenciones, ocurrido sobre las 00:44 de este miércoles.

El ataque

Según la reconstrucción fiscal, sobre las 23 horas de ese 30 de mayo, entre cuatro y cinco personas llegaron a una vivienda ubicada en pasaje Ombú y La Vía. Allí, abrieron fuego contra la casa, disparando desde el exterior —incluso a través de una ventana— con un arsenal compuesto por unas diez armas de fuego.

En total, se efectuaron más de 150 disparos, con municiones de calibres 9 mm y .40, dejando como saldo cuatro personas fallecidas: dos menores de edad, de 11 y 16 años, y dos adultos, de 18 y 40 años.

Testigos relataron haber escuchado ráfagas de gran intensidad. Uno de ellos identificó a uno de los atacantes como “Marquitos”. Otro testimonio reservado señaló que tras los disparos se escuchó la frase: “los matamos a todos”, seguida de nueve ráfagas.

Pero no todos murieron. Una de las víctimas sobrevivientes a múltiples disparos, declaró haber visto, a través de la ventana, a dos de los imputados durante el ataque. Además, varios testigos mencionaron la utilización de armas tipo metralla.

28 disparos previos

La Fiscalía sostiene que el ataque se vincula a conflictos previos en la zona, asociados a disputas y hechos violentos relacionados con el entorno delictivo y la venta de drogas.

Uno de los episodios anteriores incluyó un ataque contra un vehículo —un Peugeot blanco que recibió 28 disparos y que aún está en el lugar— en el que los agresores habrían confundido su objetivo.

Allí se esperaba que estuviese “el gordo Nico”, rival de los ahora imputados y acusado de golpear a uno de los jóvenes, pero el objetivo no estaba y la represalia a ese ataque es parte de la teoría del caso.

Pruebas clave

Entre los elementos centrales, se destaca el análisis de un teléfono celular (iPhone 14), que permitió reconstruir conversaciones previas y posteriores al ataque.

En esos intercambios, uno de los imputados hablaba con su hermano —identificado como “Mano”— sobre prepararse con armas, utilizar guantes y evitar dejar rastros.

“Mano” está en prisión y era visitado por su hermano y el otro joven que se entregó.

También se mencionan coordinaciones con otros involucrados.

Además, en allanamientos realizados en la vivienda de Cinacina 111, se incautaron municiones 9 mm y otros elementos relevantes.

Una imagen incorporada a la investigación muestra a un grupo de seis personas armadas, con pasamontañas y guantes, cuyas armas coinciden con las utilizadas en el hecho.

La foto fue registrada después del ataque.

Situación de los imputados

Uno de los formalizados admitió haber estado en el lugar, señalando que el ataque fue consecuencia de conflictos previos. El otro negó vínculos con algunos de los involucrados, pero admitió que estuvo allí.

Ambos estuvieron prófugos durante dos años antes de presentarse ante la Justicia.

“Estamos arrepentidos”, dijeron en la audiencia.

Resolución judicial

Fiscalía solicitó prisión preventiva hasta el 25 de septiembre de 2026, argumentando riesgo de fuga, posibilidad de entorpecer la investigación —ya que restan al menos tres personas por imputar— y la gravedad de los delitos.

Las defensas no se opusieron al plazo, aunque señalaron matices sobre los riesgos planteados.

Finalmente, la jueza hizo lugar al pedido fiscal, destacando la existencia de riesgos procesales, el tiempo prolongado en condición de prófugos, la posibilidad de entorpecer la investigación y la gravedad de los hechos y las penas en juego.

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