La exposición de motivos del proyecto señala que los 714 artículos incluidos en el proyecto de ley pretenden ser “una hoja de ruta para afrontar los desafíos actuales".
El Poder Ejecutivo entregó este domingo al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto nacional para el período 2026-2030, que define las prioridades de gestión, así como el rumbo económico y social para los próximos cinco años.
El mensaje incluido en la exposición de motivos del proyecto señala que la "libertad e igualdad son los principios que inspiran el presente proyecto de presupuesto”, al tiempo que toma "los compromisos de gobierno como hoja de ruta sobre la cual avanzar".
El resumen presentado por el Ejecutivo plantea que las políticas contenidas en el presupuesto se enmarcan en tres grandes prioridades, adelantadas en varias ocasiones por distintos jerarcas del gobierno: “Acelerar el crecimento para crear y mantener trabajo de calidad”; “fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad” y “mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país”.
Para la primera, el gobierno destaca que “es necesario aumentar la tasa de crecimiento en relación con la registrada durante la última década, que se ubicó en 1% anual”. El objetivo es “generar más y mejores oportunidades laborales para la población mediante trabajos de calidad”, para lo que se debe "promover polìticas destinadas a fortalecer la estabilidad macroeconómica, incentivar inversiones sostenibles, estimular la innovación, desarrollar nueva infraestructura, avanzar en la inseción externa y promover políticas sectoriales".
Entre las medidas previstas se busca “potenciar y desarrollar herramientas para la promoción de inversiones, revisar regulaciones públicas y desalentar prácticas comerciales que afectan la competitividad de la economía”. También se anuncia la transformación de la Dirección Nacional de Zonas Francas en una Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, la reducción de impuestos a las exportaciones y nuevas acciones para “simplificar y desburocratizar la relción entre el Estado y los ciudadanos”.
En el plano laboral, el texto subraya que se buscará reducir la desigualdad de ingresos, priorizando aumentos para los salarios más bajos. Asimismo, menciona el lanzamiento de “Uruguay Impulsa”, un programa que sucede a los Jornales Solidarios e impica la capacitación y empleo para 5.500 personas, en coordinación con gobiernos departamentales. Además establece que se buscará potenciar la innovación, como "parte fundamental de la agenda de crecimiento de Uruguay".
La segunda prioridad apunta a reforzar la red de protección social. El gobierno remarca que “la pobreza continúa teniendo cara de niño, por lo que la infancia y la adolescencia son la prioridad del proyecto de presupuesto”. Se prevé “el aumento de un 50% del Bono Crianza de la Tarjeta Uruguay Social” cuyo objetivo son los hogares con mujeres embarazadas y niños de hasta tres años, y la expansión del bono escolar, que llegará en 2029 “al universo de estudiantes de la educación primaria pública” (más de 300 mil niños). En Secundaria, las becas pasarán “de 14 mil a 70 mil al final del quinquenio”, lo que constituye, según el mensaje, la mayor inversión en adolescencia de la que se tienen registros. Por su parte, anuncian una lìnea de finaciamiento para extender el tiempo pedagógico de los centros educativos, especialmente los de contexto vulnerable.
El proyecto también asigna “nuevos recursos para la atención de la salud en la infancia”, el fortalecimiento de la salud mental, nuevas obras hospitalarias, y un Plan Quinquenal de Vivienda con foco en “atender a los hogares más vulnerables, apuntalar el acceso y la permanencia en viviendas adecuadas, promover la integración social y territorial” y fortalecer el sistema público de vivienda.
En materia de seguridad, el gobierno advierte sobre “un deterioro de las condiciones generales de seguridad” en un contexto regional complejo. En 2024, los homicidios fueron 382, “casi el doble del promedio mundial”, con fuerte vínculo al narcotráfico. Además, “los niveles de violencia basada en género siguen siendo muy elevados” y los ciberdelitos “se han multiplicado por cinco en la última década”, establecieron.
Frente a este escenario, el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035 busca “promover un modelo de seguridad basado en reglas democráticas y en el respeto de los derechos humanos, centrado en la prevención, la eficacia del sistema penal y el fortalecimiento de las capacidades de punición y administración de justicia del Estado”. Entre las líneas de acción se incluyen “reducción de homicidios y violencia armada, reforma penitenciaria, profesionalización policial, prevención de violencia de género, fortalecimiento de la investigación criminal y combate al crimen organizado”.
El proyecto también aborda el desafío fiscal. El mensaje reconoce que “el déficit fiscal del sector público consolidado es el más elevado que un gobierno enfrenta en su primer año de gestión en las últimas tres décadas”. Por eso, propone “una estrategia basada en la responsabilidad, la transparencia y la sostenibilidad fiscal”, con “un nuevo marco fiscal (…) una regla fiscal dual con un ancla para la deuda pública de mediano plazo, metas operativas y mecanismos de convergencia para el corto plazo”.
En palabras del texto, el Presupuesto 2026-2030 es “una hoja de ruta que contiene iniciativas fundadas para afrontar los desafíos actuales y construir las bases del país que aspiramos a construir para las próximas generaciones”.
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