Sanguinetti crítico por juicios contra militares: "Para unos la amnistía, para los otros la prisión"

Para Sanguinetti podría considerarse un "homicidio en legítima defensa", aunque juzgado con el derecho vigente de esa época se estaba ante un delito común.

"El fiscal reconoce ese hecho fundamental pero luego se contradice en sustancia porque aparte de ignorar hasta la prescripción del delito, reconoce que hubo un 'fuerte tiroteo de varios minutos' pero luego afirma que las tres jóvenes muertas fueron fusiladas", señala.

"Todas presunciones, cuando un fiscal solo puede acusar si posee la certeza absoluta de los hechos. En el caso, hasta duda de si 'hubo o resistencia o no' al allanamiento pero igualmente acusa. Es muy grave, porque desde que hay leyes, in dubio pro reo, en la duda a favor del acusado", agrega el colorado.

El exmandatario sostuvo que el episodio es relevante dado que se trata del "primer general del gobierno democrático" dado que fue ascendido por su gobierno en 1985.

"Lo elegimos de la terna propuesta entonces por el Comandante en Jefe del Ejército teniente general Medina, que se apoyó en un grupo de oficiales que resultó fundamental en los difíciles equilibrios que hubo que sortear en aquellos tiempos", apunta la columna.

Según el colorado, el general Díaz Tito y el almirante Daners se encuentran en situaciones similares a las de Roballo dado que se los acusa de homicidios ocurridos en unidades militares "mucho después".

"Se analizan interrogatorios como si ello significara alguna responsabilidad en el episodio fatal. En el caso, se establece la presunción de que siendo él oficial de inteligencia, tenía que saber que estaban ocurriendo abusos con el detenido. Ocurre que ni era el oficial de inteligencia ni hay prueba de que interrogó a la presunta víctima", critica Sanguinetti.

"Estamos, como se advierte, en un terreno muy peligroso para la vida democrática de un país que construyó un clima de paz luego de la dictadura, sobre la base de un gran magnanimidad. Se amnistió a los tupamaros o se decretó su libertad mediante un cómputo favorable de los años de prisión. Quedaron 30 crímenes sin resolver, por los que nadie fue preso", recuerda.

"Como es notorio se votó la ley de caducidad, a propuesta de Wilson Ferreira, que sometida a plebiscito en dos oportunidades, en 1987 y 2009, resultó ratificada. Luego hubo una disparatada ley 'interpretativa' que hasta provocó la airada oposición de Fernández Huidobro y, finalmente, se 'derogó' la ley de caducidad, ignorando que ya había producido efectos irreversibles. Tan grave o más que lo jurídico es la doble moral: para unos la amnistía, para los otros la prisión", subraya.

Pese a que el político reconoce que algunos de los procesados en los últimos años eran realmente "responsables de actos deleznables y existía prueba de ello", asegura que luego se empezaron a decretar procesamientos sin mayores pruebas.

"Ahora se está llegando a jóvenes oficiales de la época, que hicieron luego una destacada carrera bajo los gobiernos democráticos y llegaron a 'generales' o 'almirantes'. Para ello se retuercen los textos jurídicos y hasta se hacen apreciaciones políticas totalmente fuera de lugar, como decir que haber encargado a las Fuerzas Armadas el combate a la guerrilla, en setiembre de 1971, generó un 'camino inexorable' hacia el golpe de Estado".

"Ello ocurrió, como se sabe, a 60 días de una elección, cuando se produce la irresponsable fuga tupamara del Penal de Punta Carretas y un gobierno que solo había enfrentado el tema, exitosamente, con la Policía, no tiene otro camino que apelar a las Fuerzas Armadas. Nada excusa la responsabilidad de los mandos que luego dieron un golpe de Estado, pero ningún fiscal está autorizado a hacer juicios políticos y menos sobre un hecho legal y justificado de un gobierno democrático".

Finalmente, Sanguinetti lamenta que estos casos ignoran la ley de caducidad, que ratificada por la ciudadanía y hasta se ha llegado a invocar el Tratado de Roma que, por su propio texto, no es aplicable.

"Lo peor es que se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento. Son militares que, lo afirmo en nombre de la experiencia personal, ayudaron a la reconstrucción democrática".

"El Poder Judicial, al que todos particularmente respetamos, viene incurriendo en excesos de algunos jueces en diversos ámbitos. (...) Nos duele, nos preocupa, nos genera pesar. Una sociedad uruguaya, que fue con justicia ampliamente generosa con los responsables de la violencia política de los años 60 y 70, no debe aceptar que, forzando leyes y tratados, se instale un clima de persecución que bien puede calificarse de revancha, venganza o, aun peor, de explotación demagógica. La democracia no puede hacerse cómplice de la degradación del derecho y la justicia", finaliza la columna.