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SUSCRIBITEDesde el Partido Nacional están dispuestos a estudiar el proyecto mientras que en el oficialismo las voces van desde el beneplácito a la duda.
La propuesta, si bien no es oficial, ya generó repercusiones en el espectro político. La senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian la valoró positivamente y señaló que “al ahorro de los uruguayos hay que darle más opciones”, y mencionó experiencias negativas como “Conexión Ganadera”.
“No puede ser que los uruguayos solo puedan guardar la playa en el banco”, señaló la legisladora, y recordó que hubo acciones similares en la financiación de las energías renovables.
“Me parece que es un tema bien interesante que merece ser discutido”, dijo Kechichian, que aclaró que “en absoluto” se trata de privatizar las empresas.
En ese sentido, apuntó los accionistas “tienen que ser uruguayos, no puede haber concentración de compra de acciones, no puede haber acciones innominadas como en el pasado. Hay muchas cosas que puede tener la reglamentación que le da garantías, que no es privatizar y que ayudaría a nuestras empresas públicas, a las que tenemos que seguir defendiendo”.
Por su parte, el senador Gustavo González fue crítico de la idea. “Frente a ese tipo de cosas siempre deseo escuchar la voz de los trabajadores, de las organizaciones de los organismos públicos, para ver qué opinan”, dijo. Desde los sindicatos se rechazó a priori la propuesta en el entendido de que puede ser privatizadora.
González también apuntó que “no puede abrir opinión” sin conocer a fondo la propuesta. “Dije que esto no estaba en el programa del Frente Amplio pero para mí no es problema discutirlo, como cuando planteó el movimiento sindical el 1% que no estaba en el programa del Frente Amplio y dije que había que discutirlo igual, porque la vida sigue”, apuntó.
Desde el Partido Nacional las primeras opiniones sobre el tema fueron elogiosas. “Nos parece una propuesta que vale la pena analizar”, señaló el senador nacionalista Javier García, que agregó que “el secretario de la Presidencia es una persona con el suficiente respaldo político como para no decir una cosa el aire si no tiene el respaldo del gobierno”.
La iniciativa, aseguró, permitiría “hacer empresas públicas más modernas, eficientes, competitivas”, y para ello sería preciso cambiar el estatuto de derecho de las empresas públicas.
“Nos parece bien, pero hay que salir de lo que puede ser una idea tirada al vuelo a un ámbito institucional, como la comisión de Hacienda del Senado, y ponernos a trabajar. “Estamos dispuestos a avanzar en la materia”, adelantó.
El también senador blanco Sebastián Da Silva coincidió con García y señaló que, “si listamos el paquete accionario de UTE, Antel y el Banco de Seguros habría recursos de 1.500 millones de dólares como para hacer obra de infraestructura”.
No obstante, apuntó que “lo que no puede pasar es que se abra el paquete accionario y vayan a programas que vaya a saber para qué sirven. Eso tiene que ser un fideicomiso”, dijo.
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