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SUSCRIBITELa Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos se reunirá con las redes de cobranzas en el marco de la evaluación de riesgos.
Este martes se reunió la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que integran los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Educación y Cultura, y Economía y Finanzas, la Fiscalía General de la Nación, el Banco Central del Uruguay y la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Tras el encuentro, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que uno de los temas en discusión fueron las repercusiones de la Operación Trazador, en la que se detectó una banda dedicada al narcotráfico y el lavado de activos y por la que hay, hasta el momento, tres personas condenadas.
Díaz aclaró que la comisión como tal “no tiene potestades de investigación”, aunque sí la tienen algunos de los organismos que la integran, como la Policía, la Senaclaft y el Banco Central.
En cambio, esta comisión tiene como fin “el monitoreo global del funcionamiento del sistema” y que, con la información pública con que se cuenta sobre la Operación Trazador, “se hizo un análisis, en primer lugar, de la estrategia nacional de riesgos que se aprobó en el año 2023 y que no contempla algunos riesgos que se vieron aparentemente explicitados en los hechos de pública notoriedad. Por ejemplo, la utilización de redes de pago que no están incluidas en la evaluación nacional de riesgos”.
El jerarca agregó que, como la evaluación de riesgos “no es algo estático”, se llevaron “de deberes” trabajar en una modificación de esa evaluación.
No obstante, apuntó que “no funcionaron las alertas que debieron funcionar”, como “el uso de dinero en efectivo en grandes cantidades”.
“Como comisión”, dijo Díaz, “tenemos que incluir dentro de la evaluación nacional de riesgos aspectos que no están y dentro de la estrategia, que son las acciones concretas, determinar, lanzar, disparar determinadas acciones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema que hoy aparentemente no funcionaron, las alertas no funcionaron”.
Jorge Díaz señaló que Uruguay tiene una “enorme dificultad” a la hora de desarrollar investigaciones conjuntas del delito precedente con la investigación financiera, y que ello redunda de forma negativa en la obtención de resultados.
También dijo que, en paralelo a la investigación de la Operación Trazador pero que la trasciende es la financiación de los partidos políticos.
“La Senaclaft venía trabajando conjuntamente con la Corte Electoral y se va a continuar trabajando para que, si tenemos una normativa de financiamiento de los partidos, controlar que esa normativa se cumpla”, subrayó.
Además, Díaz adelantó que la comisión se reunirá con los representantes de las redes de cobranzas, con el fin de analizar sus matrices de riesgo y si “efectivamente existe una alarma concreta que tenga que dispararse en ese caso”.
En otro orden, y fuera del caso específico de la Operación Trazador, Díaz informó que se discutió sobre criptomonedas, oro e ingreso de billetes al país.
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