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Investigación a Toma revela "contradicciones" en sus declaraciones

Del documento se desprende que la contadora que acompañó al ex jerarca cumplía funciones “meramente de asistencia".
10 de diciembre de 2020 - 00:00

El texto de la resolución que ordenó el sumario contra el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que este miércoles fue separado de su cargo durante seis meses, detalla la existencia de contradicciones y que se incumplieron los procedimientos formales en los viajes del ex jerarca.

El sumario a Toma, que implica la suspensión en su cargo de fiscal de gobierno por seis meses con retención de medio sueldo, fue dispuesto por el presidente Luis Lacalle Pou en una resolución fechada este miércoles.

El texto señala que existe "una clara contradicción" entre lo que Toma declaró en la instrucción administrativa y las explicaciones que brindó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) respecto a sus misiones oficiales.

De acuerdo con el documento, en por lo menos tres viajes al exterior Toma no contó con el aval del entonces presidente Tabaré Vázquez, requisito que según la legislación vigente debe cumplirse cuando la misión oficial incluya a más de una persona.

"Por tanto, de la investigación administrativa surgen hechos irregulares responsabilidad del ex secretario de la presidencia Miguel Toma relacionadas con algunas misiones oficiales a las que concurrió en el período 2015-2020", afirma la resolución firmada por el mandatario.

En cuanto al cuestionado viaje de Toma a Roma con la contadora Giuliana Pérez, que se desempeañaba en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), bajo el argumento de que daría asesoramiento en el juicio a represores uruguayos seguido en Italia, la investigación administrativa concluyó que la profesional "cumplió funciones meramente de asistencia al entonces secretario de la Presidencia en sus viajes".

Vale recordar que el ex jerarca había declarado que la funcionaria había oficiado como asesora en daños civiles derivados de delitos penales y además investigaba la ruta de los dineros que podrían estar financiando a los investigadores en el marco del Plan Cóndor.

Sin embargo, tras comparecer ante Ariel Sánchez, subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), el pasado 29 de setiembre, Toma no pudo comprobar la ideoneidad técnica de la profesional.

Lee la resolución completa:

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