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SUSCRIBITEEl senador nacionalista tuvo duras expresiones para con el Gobierno, y la ministra dijo que la gestión anterior “optó por ignorar las advertencias”.
Interpelación a Sandra Lazo por caso Cardama: "Boicotearlo es una decisión política"
FocoUyEste miércoles, desde la mañana, se desarrolla en la Cámara de Senadores la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV).
El Gobierno tomó esta decisión al comprobar que la empresa presentó una “garantía de papel” y que lleva importantes atrasos en la construcción de las embarcaciones.
Javier García, senador nacionalista interpelante, además de ministro de Defensa en oportunidad de la firma del contrato, dijo que, aunque el Ejecutivo “ponga la excusa que quiera, el resultado es el mismo: Uruguay no cuenta con patrulleros para protegerse del narcotráfico, del crimen organizado y del robo de nuestra pesca”.
Para García, “la plata y las empresas pudieron más que la decisión soberana del Gobierno. 15 años donde los intereses empresariales le torcieron la mano a las decisiones legítimas de un Gobierno”.
El legislador cuestionó, también, que “no hay ninguna institución de la Armada Nacional que durante estos ocho meses haya participado en el análisis técnico de la construcción de la OPV. Fueron expresamente sacados del análisis técnico de la OPV por la ministra de Defensa. Los oficiales que participan son delegados políticos de la ministra, responden a ella”, dijo, y subrayó que “era una decisión política boicotearlo”.
Por su parte, la ministra Sandra Lazo señaló que se buscaron “sin excepción” todas las alarmas surgidas desde antes de firmarse el compromiso.
“Sin excepción buscamos todas las alarmas que se habían encendido previo a la celebración del contrato, que informaban objetivamente de que era una empresa con grave riesgo crediticio, con un reducido patrimonio, con una escala significativamente muy inferior al volumen de este contrato, (diez veces superior a la facturación anual de la empresa)”, sostuvo.
La ministra agregó que había información de “la continua negativa de múltiples entidades financieras que se dedican profesionalmente al otorgamiento de garantías, incluyendo el Fondo de Garantías Navales de una entidad público-privada española en la que está nucleada la propia empresa Cardama”.
A su juicio, “las autoridades anteriores del Ministerio de Defensa optaron por ignorar esas advertencias y seguir esperando por casi un año más para terminar aceptando una malísima opción de garantía de cumplimiento de contrato totalmente objetable”.
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