La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la sucesión de casos de femicidio en pocos días y advirtió sobre fallas estatales en la prevención de un caso en especial que fue analizado por el organismo.
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SUSCRIBITEEn ese caso, el Estado pudo detectar la situación de violencia y activar la solicitud de intervenciones especializadas.
La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la sucesión de casos de femicidio en pocos días y advirtió sobre fallas estatales en la prevención de un caso en especial que fue analizado por el organismo.
En marzo de 2025, en Malvín Norte, una mujer fue asesinada por su expareja. Durante años el hombre la había controlado, celado y alejado de sus familiares y amigos, además de agredirla físicamente e insultarla.
La mujer, de 25 años, lo denunció al menos tres veces. El 19 de marzo de 2025 la víctima llegó a un apartamento del séptimo piso de uno de los bloques del complejo Euskal Erria para llevarse unos bolsos y terminar definitivamente la relación.
Allí, el hombre comenzó a agredirla hasta que la lanzó del balcón del apartamento y luego se arrojó él mismo. La mujer murió en el lugar y el agresor sufrió heridas graves aunque se recuperó.
El mes pasado fue condenado a 22 años de prisión por este crimen. Pocos meses después de los hechos, una allegada a la víctima realizó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por deficiencias en el sistema de protección del Estado a las víctimas de violencia de género, como demoras en las respuestas del Ministerio del Interior, incumplimiento del procedimiento policial y judicial ante la existencia de denuncias y falta de acceso a servicios especializados.
Este miércoles, la INDDHH emitió una declaración en la que, aunque omite expresamente la información específica sobre el caso, da por acreditado que el femicidio estuvo precedido de incumplimientos y deficiencias en las respuestas institucionales.
Según la institución, Uruguay cuenta con normativa, protocolos y organismos competentes, pero persisten brechas graves entre ese marco institucional y la protección efectiva de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. La institución advierte que derivar a una mujer a un servicio no equivale a garantizar protección. En situaciones de violencia, especialmente cuando existen antecedentes e indicadores de riesgo, el Estado debe asumir la conducción de la respuesta.
La víctima necesita acompañamiento y contención, no una suma de trámites o puertas institucionales que deba recorrer sola, advierte el organismo en un comunicado.
La INDDHH consideró que la respuesta estatal frente a la violencia de género no puede comenzar cuando la vida de una mujer ya está en riesgo inmediato. La Institución Nacional de Derechos Humanos considera que hubo varias oportunidades para intervenir desde el Estado y evitar el desenlace que tuvo este caso. La víctima tenía asistencia, concurría a centros educativos que tienen dentro de las obligaciones la oportunidad de detectar tempranamente la ocurrencia de este tipo de situaciones de violencia.
“Estamos hablando de que asistía a servicios de salud especialmente vinculados a su salud mental, que también tenían oportunidad de detectar la situación de violencia y activar la solicitud de intervenciones especializadas”, señaló Rosana Medina, de la Unidad Especializada en Género.
Medina agregó que la víctima denunció dos veces a su agresor ante la sede policial, y en ambas oportunidades la retiró.
“Existieron oportunidades para que se realizara una audiencia, para que se realizaran distintas valoraciones de riesgo que evitaran este desenlace. El organismo considera que es urgente revisar cómo están funcionando los mecanismos de prevención, valoración del riesgo y coordinación entre instituciones”, afirmó.
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