Familiares de Desaparecidos criticó reunión de Orsi con John Pérez: "Un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía"

“Ante los trascendidos de prensa sobre la reunión reservada mantenida entre el Presidente de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia —en la cual, según se ha informado, el mandatario expresó preocupación por la salud de militares recluidos en el establecimiento Domingo Arena”, expresa la nota de Familiares, la organización califica de “llamativa e improcedente toda ‘consulta’ o señal de preocupacióninstitucional que pudiera interpretarse como injerencia, sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado”.

Para Familiares, “la sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática”.

La organización recuerda que quienes se encuentran recluidos en Domingo Arena no cumplen penas por delitos comunes, sino que fueron juzgados por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad.

“Es imprescindible recordar, una y otra vez, que estas condenas no han sido dictadas a la ligera. Todos los procesados y condenados han gozado de todas las garantías del debido proceso: instancias de apelación, recursos de inconstitucionalidad, pedidos de prescripción, recursos de casación y múltiples mecanismos de defensa. Garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares ni los presos y presas políticas de la dictadura, sometidos a detenciones clandestinas, torturas, desapariciones y ejecuciones sin juicio alguno”, agrega´.

El comunicado de Familiares apunta, además, que estos reclusos continúan negándose a brindar información sobre el destino de las personas detenidas-desaparecidas.

“Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional”, señala la nota, y concluye que “ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia”.