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Restricción

Documento sobre los blindados Mamba establece que no pueden utilizarse en operaciones de seguridad interna

Los 14 vehículos donados por Estados Unidos al Ejército uruguayo fueron transferidos para misiones de paz de la ONU y están sujetos a restricciones que limitan su uso, transferencia y eventual despliegue.

La transferencia fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Defensa Nacional y regulada por un conjunto de instrumentos jurídicos de Estados Unidos que establecen obligaciones precisas sobre los fines para los cuales el equipamiento puede y no puede ser utilizado.

Los vehículos fueron adquiridos y transferidos con el propósito específico de equipar una Compañía de Infantería Mecanizada de Reacción Rápida certificable ante las Naciones Unidas para su despliegue en misiones operativas de paz.

Así lo declararon tanto las autoridades uruguayas como el gobierno estadounidense.

Los blindados cuentan con equipos de comunicación multibanda, así como con paquetes completos de mantenimiento y reparación.

Según el documento, las restricciones sobre los Mamba MK7 son vinculantes bajo cuatro marcos jurídicos superpuestos, todos documentados en instrumentos públicos de ambos gobiernos.

Entre otras limitaciones, los Mamba no pueden ser desplegados en operaciones nacionales de seguridad interna, incluyendo la represión de disturbios, operaciones policiales o tareas de control fronterizo con fines de seguridad interna. Para habilitar cualquiera de esos usos sería necesaria una renegociación formal del acuerdo de uso final con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Asimismo, se establece que Uruguay no puede vender, ceder, prestar ni transferir ninguno de los 14 vehículos a otro Estado, organización o actor privado sin autorización previa.

Toda disposición sobre el equipamiento requiere una autorización escrita del Departamento de Estado estadounidense.

Por último, el documento señala que si los Mamba fueran desplegados en un conflicto armado bilateral no sancionado por la ONU, en operaciones ofensivas o en apoyo a actores no estatales, Uruguay incurriría en una violación sustancial del acuerdo, lo que podría derivar en la inhabilitación para recibir futura asistencia militar por parte de Estados Unidos.

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