La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó que el Estado tiene responsabilidad en el caso del adolescente Jonathan Correa y anunció que el gobierno avanzará en la reglamentación de la Ley GAPIA para actuar ante situaciones de riesgo.
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SUSCRIBITEEl crimen del menor de 15 años fue analizado en el primer gabinete de primera infancia y adolescencia del gobierno.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó que el Estado tiene responsabilidad en el caso del adolescente Jonathan Correa y anunció que el gobierno avanzará en la reglamentación de la Ley GAPIA para actuar ante situaciones de riesgo.
El crimen del menor de 15 años fue analizado en el primer gabinete de primera infancia y adolescencia del gobierno. En ese ámbito se planteó revisar los protocolos vinculados a la detección y seguimiento de situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes.
Tras el encuentro, Lustemberg sostuvo que el caso fue abordado durante la reunión y señaló que existe una responsabilidad estatal en lo ocurrido.
“La responsabilidad que todos como Estado sentimos ante el asesinato de Jonathan estuvo como tema en este primer gabinete”, expresó la ministra. Agregó que se trata de “una responsabilidad ante un hecho que nos interpela y en el que todos tenemos responsabilidad en cómo transitó la vida de ese adolescente”.
Según indicó, la reunión del gabinete había sido convocada previamente y forma parte del proceso de reglamentación de la ley de infancias. En la instancia participó el presidente de la República, Yamandú Orsi.
La ministra explicó que la reglamentación de la norma busca mejorar la respuesta institucional ante situaciones de riesgo. “Lo que genera la reglamentación de la ley es trabajar de una forma más pragmática y más ejecutiva cuando se detectan situaciones que tienen los niños y adolescentes en nuestro país”, afirmó.
La norma a la que hizo referencia es la Ley GAPIA, que establece lineamientos para la protección de los derechos de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Según explicó Lustemberg, la reglamentación apunta a mejorar el acceso a prestaciones y derechos para esa población.
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