Cardama: El Gobierno presenta denuncia por daños y perjuicios y busca responsables legales e institucionales

El presidente remarcó que “el incumplimiento grave de las dos garantías determina que el contrato funcione o no” y que por ese motivo, y luego de recorrer distintas instancias, se resolvió rescindir el contrato.

Díaz ahondó en ese particular y señaló que hay dos vías para resolver las diferencias, dado que, además de la falta de garantías, hay un incumplimiento en el aspecto constructivo de las embarcaciones.

“Esto es un contrato de suministro que el Estado uruguayo contrata a una empresa extranjera para que le suministre las embarcaciones”, dijo, y aclaró que con la decisión del Gobierno no se viola la Ley de Inversiones. “Acá no hay arbitraje internacional porque no hay un inversor: hay un proveedor que suministra al Estado”.

En el mismo sentido, apuntó que el contrato está regulado en el ámbito del Tocaf, y Uruguay cumplió todas sus obligaciones, mientras que Cardama incurrió en “graves incumplimientos en términos contractuales y constructivos”.

Por ello, la rescisión se basa en términos jurídicos y contractuales y los aspectos constructivos darán lugar a otras acciones.

Díaz realizó un repaso de las irregularidades en la presentación de los documentos por parte de la empresa y afirmó que las garantías que presentó Cardama no tienen valor jurídico y no cumplen con lo que dice el contrato.

Estas, aseguró, “son elementos esenciales del contrato de suministro, no son accesorios, integran la estructura del contrato. Si no se constituían, el contrato no entraba en vigor”.

Daños y perjuicios, responsables y patrullas oceánicas

Además de la rescisión del contrato se iniciarán acciones legales por daños y perjuicios, y el Ministerio de Defensa hará lo propio por los errores constructivos, que se comprobaron en la auditoría que el Estado uruguayo encargó y cuyos resultados dieran lugar a estas decisiones.

Orsi apuntó, también, que una de las cuatro acciones dispuestas por el Gobierno es definir las responsabilidades institucionales e individuales.

Díaz agregó que hay varias líneas legales que se tomaron o se tomarán. En octubre se presumió de un presunto fraude o estafa por los documentos apócrifos, por lo que se realizó una denuncia penal que está en manos de la fiscalía competente.

En tanto, el camino de los daños y perjuicios es una acción civil. “Una cosa no quita la otra dijo”, y añadió que “puede haber responsabilidades políticas, otras son las responsabilidades penales y otras las responsabilidades civiles, que se ventilan en el campo civil, que son los daños y perjuicios”.

En ese sentido, el presidente señaló que ya se inició una investigación administrativa, tanto en el Ministerio de Defensa como en la Oficina de Servicio Civil, en el ámbito de Presidencia. “Los resultados derivarán en sumario si algún funcionario no actuó de forma correcta. Se están tomando las medidas correspondientes”, dijo.

En cuanto a las patrulleras oceánicas, Orsi dijo que se estudiará si el Estado reclama lo ya construido por Cardama o si se reclama el dinero, al tiempo que se trabaja en búsquedas alternativas.

“Se analizarán varias opciones”, sostuvo, y destacó que ya hay algunos ofrecimientos, incluso de embarcaciones que pueden brindar una “solución intermedia”, como la propuesta por Estados Unidos.

La ministra Sandra Lazo ratificó lo dicho por el presidente y aseguró que “en esta administración habrá OPV”.