La anestesista Inés Miralles, condenada por el homicidio culposo de la pediatra Soledad Barrera, reclama una indemnización de US$ 2.182.000 a la Sociedad Médica Universal, tras haber sido apartada de las intervenciones quirúrgicas en las que participaba.
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Anestesista condenada por la muerte de Soledad Barrera inició una demanda millonaria contra Universal
La institución rechazó el reclamo y cuestionó la versión de la médica.
Según informó el semanario Búsqueda, la médica sostiene que la institución dejó de contratar sus servicios en 2024 a partir de sospechas sobre un presunto consumo de fentanilo que, de acuerdo con su versión, nunca fueron comprobadas.
El reclamo incluye compensaciones por pérdida de ingresos, perjuicios económicos y daño moral. La anestesista argumenta que la decisión de Universal no solo afectó su actividad profesional, sino que también perjudicó su reputación y sus posibilidades de conseguir trabajo en otros centros de salud.
La anestesista comenzó a prestar servicios para la mutualista en 2016, bajo una modalidad de contratación independiente. Sin embargo, durante 2023 surgieron cuestionamientos internos vinculados al manejo de fentanilo durante los procedimientos médicos y a la posibilidad de que utilizara la sustancia para consumo personal.
Ante esta situación, la profesional fue sometida a estudios toxicológicos que dieron resultados negativos. Pese a ello, en marzo de 2024 se elaboró un informe interno que advertía sobre presuntas irregularidades en su desempeño, entre ellas un uso de fentanilo superior al de otros profesionales y ausencias durante las operaciones.
Miralles sostiene que estas acusaciones no fueron acreditadas y que la difusión pública del documento afectó gravemente su imagen. Su última convocatoria para trabajar en la institución fue en abril de 2024.
Universal, por su parte, rechazó la indemnización solicitada. La institución también argumenta que Miralles trabajaba como profesional independiente, por lo que no tenía garantizada una cantidad determinada de procedimientos ni ingresos fijos.
El conflicto tuvo una instancia de conciliación el pasado 10 de setiembre, pero no se alcanzó un acuerdo. Por ese motivo, el expediente fue archivado en esa sede y la anestesista deberá presentar formalmente su demanda ante el juzgado civil correspondiente.
El nuevo frente judicial se conoce en medio de la polémica por la sanción profesional de Miralles, condenada en diciembre de 2025 por la muerte de Soledad Barrera, ocurrida tras una intervención quirúrgica realizada en 2023 en el Servicio Médico Integral.
El presidente Yamandú Orsi resolvió restablecer en cinco años la inhabilitación de la anestesista para ejercer la medicina, luego de que el Ministerio de Salud Pública hubiera reducido inicialmente la sanción a tres años. La ministra Cristina Lustemberg será interpelada en Diputados a pedido de la opsoción.
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