La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional la tasa de seguridad para vehículos que transportan productos inflamables en Montevideo.
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La Distribuidora Uruguaya de Combustibles (DUCSA), propiedad de Ancap, celebró el fallo y pretende iniciar un juicio contra la Intendencia de Montevideo por un monto de 50 millones de dólares.
La demanda presentada por DUCSA argumentaba que la comuna capitalina carecía de la potestad constitucional para crear dicho tributo, de acuerdo a lo consignado por el diario El País.
En cada distribución, Ancap retenía el monto correspondiente a la tasa impugnada y lo abonaba al gobierno departamental de Montevideo.
La Corte respaldó la posición de DUCSA y consideró inconstitucional la tasa municipal, tanto por cuestiones formales como de fondo.
El dictamen señaló que la tasa de inflamables no ofrecía un servicio efectivo, divisible y medible por parte de la comuna hacia los contribuyentes del tributo.
Además, DUCSA argumentó que el destino de lo recaudado no estaba establecido y que se vertía a las rentas generales de la Intendencia de Montevideo, sin cubrir las necesidades del supuesto servicio de contralor de seguridad de vehículos que transportan productos inflamables.
El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, calificó el fallo como un "juicio histórico" y afirmó al matutino que a partir de ahora no se cobrará esta tasa que impactaba en el surtidor y en el bolsillo de la gente.
Según el jerarca, los usuarios de combustibles llegaron a pagar hasta 22 millones de dólares por esta tasa en 2016 y se estima que este año finalizará con un pago de 12 millones de dólares.
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