Para continuar, suscribite a Telenoche. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa cancillería venezolana defendió las inmunidades que poseen los presidentes y altos funcionarios, calificando el fallo como infundado y carente de jurisdicción.
El gobierno venezolano manifestó el martes su rechazo ante la "írrita" y "ridícula" orden de captura emitida por la justicia argentina contra el presidente Nicolás Maduro, quien fue acusado de violaciones a los derechos humanos.
La decisión, tomada por la Cámara Federal de Buenos Aires, generó un fuerte comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en el que se calificó la medida como una acción sin competencia y en violación de la jurisdicción de los Estados.
La orden de arresto contra Maduro se emitió bajo el principio de "jurisdicción universal", el cual permite que un país procese crímenes de lesa humanidad sin importar el lugar donde se hayan cometido o la nacionalidad de los perpetradores.
Esta acusación se deriva de denuncias presentadas en 2023 por la Fundación Clooney y la ONG argentina FADD, que señalan al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad, incluidos la represión, tortura y desapariciones forzadas desde 2014.
El fallo judicial argentino, que también activó una alerta roja de Interpol contra Maduro, unificó ambas denuncias en un solo proceso y determinó la existencia de un plan sistemático de violación de derechos humanos en Venezuela. Esto llevó a la decisión de proceder con el pedido de captura internacional del mandatario venezolano.
Venezuela, por su parte, respondió con críticas contundentes, cuestionando la legitimidad del fallo y acusando a Argentina de intentar subrogarse competencias de organismos multilaterales, además de apuntar que el fallo busca destruir el Derecho Internacional.
La cancillería venezolana defendió las inmunidades que poseen los presidentes y altos funcionarios, calificando el fallo como infundado y carente de jurisdicción.
En paralelo, el gobierno venezolano mantiene una orden de arresto contra el presidente argentino, Javier Milei, y dos de sus funcionarios, imputándoles el "robo" de un avión venezolano confiscado en 2022 en Argentina y entregado a Estados Unidos.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, también criticó duramente la decisión argentina, destacando que su país ha imputado a más de 2.500 funcionarios de seguridad desde 2017 por violaciones a los derechos humanos, asegurando que Venezuela aborda estos casos como una política de Estado.
Saab también arremetió contra la justicia argentina, acusándola de inacción respecto a las violaciones de derechos humanos en su propio país.
AFP
Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.
SUSCRÍBETE