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SUSCRIBITELas acusaciones mutuas escalan entre el gobierno de Javier Milei y el régimen de Venezuela.
Argentina pide capturar a Nicolás Maduro.
AFPEl lunes 23 de setiembre, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ordenó en Argentina la detención de Nicolás Maduro y varios funcionarios, incluyendo a su mano derecha, Diosdado Cabello, por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad. El pedido se hace frente a la Corte Penal Internacional (CPI).
Desde Argentina, acusan múltiples denuncias que indican un "plan sistemático" de represión y violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el año 2014. Los jueces argentinos afirmaron que existe evidencia suficiente para considerar que se han cometido secuestros, torturas y asesinatos contra la población civil venezolana.
En marzo de 2024, varios opositores al régimen de Maduro, solicitaron asilo en la embajada argentina en Caracas. Esta solicitud se produjo tras la emisión de órdenes de detención en su contra por cargos de conspiración y traición a la patria.
A inicios de agosto de 2024, Brasil asumió la custodia de la embajada argentina en Venezuela debido a la expulsión del personal diplomático argentino por parte del gobierno venezolano. Este movimiento fue visto, de parte del régimen, como un intento de proteger a los asilados de posibles represalias.
Más adelante, el 7 de setiembre, el gobierno venezolano revocó unilateralmente el permiso a Brasil para custodiar la embajada argentina, alegando que las instalaciones estaban siendo utilizadas para planear "actividades terroristas" y "magnicidios" contra Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Esta acusación se realizó sin presentar pruebas concretas.
Mientras se revocaba el permiso, fuerzas de seguridad venezolanas rodearon la embajada argentina, lo que generó una situación crítica para los opositores asilados. Los refugiados denunciaron cortes de electricidad y un estado de asedio por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La situación culminó con el pedido formal del gobierno argentino a la Corte Penal Internacional (CPI) para que emitiera una orden de captura contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por violaciones a los derechos humanos y por las circunstancias que rodean las elecciones presidenciales del 28 de julio.
No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó una orden de arresto contra Javier Milei el 23 de septiembre. Esta orden se basa en la acusación de "robo agravado" relacionada con la incautación y posterior entrega a Estados Unidos de un avión venezolano-iraní que había sido retenido en Buenos Aires desde el año 2022.
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