El gobierno uruguayo aceptará la solicitud de asilo del expresidente peruano Alan García, a quien se le investiga por colusión agravada y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht en Perú.
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SUSCRIBITEEl gobierno uruguayo aceptará la solicitud de asilo del expresidente peruano Alan García, a quien se le investiga por colusión agravada y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht en Perú.
El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo a Telenoche que la decisión ya está tomada y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó mediante un comunicado este domingo que García solicitó asilo a la embajada de Uruguay.
"El expresidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay", informó la Cancillería mediante un comunicado.
También cuenta que el embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros, comunicó que García "ingresó en horas de la noche" del sábado a su residencia. En ese momento le transmitió a Vázquez la solicitud de asilo vía telefónica, según informó Presidencia en su página web.
A su vez, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado este domingo, que indica que Uruguay, "de acuerdo con los compromisos internacionales (...) en materia de asilo ha puesto el hecho de inmediato conocimiento de la Cancillería del Perú, la que (...) brindará la información necesaria para que nuestro país pueda evaluar la situación y adoptar la decisión que soberanemente considere adecuada a las circunstancias".
El sábado una juez de Perú ordenó un impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente peruano por la investigación fiscal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado, en el marco del caso Odebrecht.
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, consideró que "existen suficientes elementos de convicción" para declarar fundada la medida solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, a fin de investigar los presuntos "actos ilícitos de concertación" de la licitación de la línea 1 del metro de Lima a la empresa brasileña Odebrecht.
Sánchez consideró que los documentos entregados por la empresa brasilera Odebrecht, en el marco de una colaboración eficaz con la fiscalía brasilera, infieren la participación de la entrega de dinero proveniente de una fuente ilícita, por lo que señaló que "amerita no solo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados".
El fiscal Pérez dijo en sus alegatos ante el juez que García y otros miembros de su Gobierno, "en su condición de funcionarios del más alto nivel habrían favorecido a la empresa Odebrecht, que formó el consorcio Tren Eléctrico".
Sostuvo también que el exmandatario no ha brindado una información correcta a la Fiscalía sobre su lugar de residencia, lo que señaló como una de las razones para que se ordene una medida cautelar.
"Él (Alan García) ha señalado que es de público conocimiento que vive en Madrid; sin embargo, cuando la Fiscalía lo citó dijo que vivía en Miraflores, lo que evidencia que no ha dado la información correcta a la Fiscalía", apuntó.
Pérez solicitó el impedimento de salida del país contra García luego de ampliar la investigación preliminar por el caso del Metro de Lima a los delitos de colusión y lavado de activos, tras conocer los nuevos indicios de que García habría recibido 100.000 dólares de la Caja 2 de Odebrecht, por intermedio de la empresa del abogado José Américo Spinola, por una conferencia desarrollada en Brasil.
Con información de EFE
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