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El empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente argentino, Mauricio Macri, aseguró que hizo aportes ilegales a las campañas del kirchnerista Frente para la Victoria de 2013 y 2015, parte de una presunta red de coimas a funcionarios públicos, para "que aflojaran con la presión".
El que fue dueño hasta 2017 de la constructora Iecsa, una de las más beneficiadas con contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, aseguró que realizó dichos pagos irregulares bajo órdenes directas de Roberto Baratta -exfuncionario y supuesto coordinador de la red-, para evitar la quiebra de la empresa que dirigía.
"Roberto Baratta me llamaba directamente a mí y me decía: 'tenés que poner la plata para la campaña'. Por eso estamos en los cuadernos en el año 2013 y 2015, los años de campaña", explicó Calcaterra en una entrevista publicada hoy por el diario Clarín.
Alegó que "no tenía margen" para negarse, ya que en 2013 se medicaba con ansiolíticos, "transpirando para ver cómo pagaba los sueldos con 5.000 personas a cargo" y con bancos que no prestaban.
"Iecsa era todo mi capital y estaba en una situación desesperante. (...) Todo era ver cómo seguir para adelante. Iecsa era una empresa de 50 años", se excusó el empresario.
El caso se destapó hace una semana, cuando el diario La Nación evidenció la existencia de unos cuadernos escritos por Oscar Centeno -chófer de Baratta- en los que explicaba durante más de una década los recorridos que hacía por Buenos Aires para supuestamente juntar el dinero que empresarios destinaban a miembros del kirchnerismo.
Calcaterra, que quedó en la causa como "imputado colaborador" y le fue eximida la prisión después de acudir a declarar voluntariamente este lunes, reconoció haber pagado en efectivo hasta 400.000 dólares.
Asimismo, explicó en la entrevista que 2 días antes habló con su familia y con Macri para informarles de la situación.
Afirmó también que el mandatario le preguntó "por qué lo hacía" si no figuraba en los cuadernos y que él le respondió que actuaba así porque era su responsabilidad, cuando Héctor Javier Sánchez Caballero, exdirectivo de Iecsa, había sido detenido por seguir sus instrucciones.
Por otra parte, negó haber colaborado con Cristina Fernández, ya que no tenía "una buena relación con el gobierno anterior y no había ningún vínculo directo".
El punto final lo puso al vender Iecsa en 2017, una empresa que hasta 2007 perteneció al italiano Franco Macri, padre del jefe de Estado.
Macri "fue el primero que me dijo que no vendiera, que todo iba a ser transparente, pero le dije que no iba a poder trabajar. (...) No puedo decir lo que pagó pero (el empresario Marcelo) Mindlin sabe comprar bien y pagó muchísimo menos de lo que valía", aseguró.
Cristina Fernández, que cuenta con fueros por ser senadora y no puede ser arrestada, deberá acudir a declarar en esta causa como imputada el 13 de agosto próximo.
En el expediente declararon como "arrepentidos" -figura legal con beneficios penales para los acusados que reconozcan los hechos y colaboren con la Justicia- Centeno, Sánchez Caballero, Juan Carlos De Goycoechea, exdirector en Argentina de la española Isolux Corsán, y Héctor Zabaleta, exdirectivo de Techint.
Todos ellos quedaron en libertad condicional.
En prisión continúan Baratta y otros exfuncionarios y los empresarios Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Electroingeniería; Armando Loson, del Grupo Albanesi, y Carlos Mundin, de BTU.
Asimismo, sigue en busca y captura, con una orden internacional de Interpol, Oscar Thomas, ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá.
EFE
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