El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, volvió a manifestarse sobre la situación de Venezuela en el marco de la tensión diplomática en torno a la embajada argentina en ese país y que era custodiada por Brasil, además, con Edmundo González asilado en España.
Lacalle Pou sobre Venezuela: "El paso del tiempo no debe de hacernos bajar la intensidad de nuestros reclamos"
El mandatario compartió el comunicado de Cancillería condenando las acciones del régimen de Nicolás Maduro. Sostuvo que atropella "el derecho internacional más básico".
El sábado la Cancillería de la República expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de Venezuela de revocar "de manera inmediata e injustificada el beneplácito extendido a la República Federativa de Brasil para ejercer la representación de los intereses de la República Argentina y la custodia de sus bienes e instalaciones en ese país".
En este sentido, Lacalle Pou compartió el comunicado y planteó: “El paso del tiempo no debe de hacernos bajar la intensidad de nuestros reclamos y nuestra voz”. Sentenció que se trata de “una dictadura que insiste en atropellar todo. En este caso el derecho internacional más básico”.
Posibles crímenes de lesa humanidad
El viernes Uruguay anunció que se incorpora a la solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Ante el agravamiento de la crisis humanitaria e institucional que atraviesa Venezuela, el canciller Omar Paganini, en representación del Gobierno de Uruguay, remitió una nota al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sr. Karim Khan, para solicitar la investigación de hechos acontecidos en el hermano país, a fin de determinar si los mismos configuran crímenes bajo competencia de la Corte y, en ese caso, que se dispongan las medidas urgentes que aseguren el respeto y salvaguardia de los derechos humanos que se encuentran amenazados”, comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“La decisión del gobierno uruguayo se sustenta en el agravamiento de la represión contra la población civil y los líderes políticos opositores a manos de los servicios de seguridad del régimen luego de fraude electoral del 28 de julio, y ante la inexistencia de garantías constitucionales y judiciales en un país sin independencia de poderes”, agrega el documento.
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