El gobierno de España acordó extender hasta 2030 la protección frente a los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad, además de prorrogar automáticamente hasta el 31 de diciembre de 2028 los contratos de alquiler que estén vigentes.
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SUSCRIBITEEl gobierno acordó nuevas medidas ante la crisis de vivienda que sacude al país, entre ellas extender la protección de los inquilinos frente a los desalojos y renovar automáticamente los contratos de alquiler.
El gobierno de España acordó extender hasta 2030 la protección frente a los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad, además de prorrogar automáticamente hasta el 31 de diciembre de 2028 los contratos de alquiler que estén vigentes.
Las medidas llegan después de varios días de protestas por el acceso a la vivienda en distintas ciudades del país.
Cientos de personas instalaron carpas en la céntrica Puerta del Sol para reclamar al gobierno medidas que permitan a los inquilinos permanecer en sus viviendas y evitar desalojos. La protesta comenzó después del caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada del apartamento donde había vivido durante 70 años.
El caso de Maricarmen se convirtió en un símbolo de la crisis habitacional española. La mujer fue desalojada la semana pasada y posteriormente ingresó en un hospital. El lunes se alcanzó un acuerdo con la empresa inversora que había comprado su apartamento para que pueda regresar a su casa cuando reciba el alta, aunque todavía debe firmar el acuerdo.
Las organizaciones de inquilinos habían reclamado al gobierno una respuesta concreta y, entre otras medidas, exigían que los contratos pudieran renovarse automáticamente, que se frenaran los desalojos sin una alternativa habitacional y que se regularan determinadas modalidades de alquiler.
La portavoz del sindicato de inquilinos, Valeria Racu, había reclamado este martes al gobierno que demostrara de qué lado estaba y señaló que el Consejo de Ministros era especialmente importante por ser la primera reunión después del desalojo de Maricarmen.
Las nuevas medidas buscan responder a esa presión social y ampliar la protección de los inquilinos. El acuerdo contempla además otras modificaciones relacionadas con el mercado de alquileres y deberá superar el trámite parlamentario correspondiente.
Con información de AFP.
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