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SUSCRIBITEEl mandatario guaraní no comparece en el Parlamento y es representado por dos abogados defensores.
El Senado de Paraguay comenzó este viernes el juicio político contra el presidente Santiago Peña, involucrado en un escándalo bancario que dejó a tres millones de clientes, casi la mitad de la población, sin acceso a sus depósitos.
El juicio político aprobado el jueves por los diputados se activó tras el rechazo de una prórroga solicitada por Peña. El mandatario derechista aliado de Washington no comparece ante el Senado y es representado por dos abogados defensores.
"Esta sesión ha sido convocada a los efectos de resolver la admisión o el rechazo de cada prueba ofrecida", dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez, al iniciar la sesión.
El Congreso eludió el jueves aceptar la renuncia de Peña, de 47 años, lo que le hubiera evitado el juicio. La destitución podría producirse este mismo viernes por la noche.
La crisis en Paraguay comenzó el martes cuando el Banco Central intervino el banco Ueno Bank, vinculado al presidente, a raíz de problemas de solvencia, lo que acarreó el congelamiento de las cuentas de unos tres millones de clientes, además de cuantiosos fondos estatales.
Miles de personas protestaron los últimos días en Asunción, incluso frente al Congreso, para exigir la devolución de su dinero y la destitución de Peña.
"Quiero verle a Santiago Peña en la cárcel, porque nos robó, le robó al pueblo, le mintió", dijo a la AFP Mariano Giménez, un estudiante de 26 años, en una protesta el jueves dispersada con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
Con el rechazo de su renuncia, Peña se quedó sin la inmunidad parlamentaria que hubiese adquirido al convertirse en senador vitalicio, tal como corresponde en Paraguay a los expresidentes, explicaron a la AFP constitucionalistas y diputados.
La embajada estadounidense en Paraguay expresó este viernes "su solidaridad con el pueblo paraguayo", sin mencionar al mandatario.
El anuncio de la dimisión de Peña se produjo cuando la Cámara de Diputados votaba la apertura del juicio político, aprobado por los 78 legisladores presentes, incluidos todos los de su propio partido, que le soltó la mano.
A la vez, los diputados rechazaron abrir otro juicio político contra el vicepresidente, Pedro Alliana, de 52 años, lo cual allana el camino para que eventualmente suceda a Peña.
"Aquí se ha montado un esquema criminal que se ha dedicado a vaciar un banco con la protección de instituciones que él controlaba como presidente de la República", dijo el jueves en su acusación el diputado opositor Raúl Benítez.
Peña, exministro de Hacienda y que asumió en 2023 un mandato presidencial hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desprendió el año pasado.
El escándalo escaló en pocos días y derivó en la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo. El ministro del Interior, Enrique Riera, renunció el jueves a su cargo.
Peña promulgó una ley que fijó un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de los fondos. Pero no bastó.
Se inició una investigación en la justicia paraguaya que llevó al arresto de ocho directivos del banco.
Además, la Fiscalía General de Paraguay anunció la apertura de una investigación penal contra Peña por "hechos relativos a la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A. y a la colocación de fondos públicos en dicha entidad".
La crisis también alcanzó a Argentina, donde unos 1.000 empleados de la tecnológica ITTI del mismo grupo fueron suspendidos por 30 días sin sueldo.
Y afectó incluso al fútbol. La Confederación Sudamericana de Fútbol tenía unos 13 millones de dólares en el banco, dijo a la AFP una fuente de la confederación que pidió anonimato, y señaló que "no afecta en absoluto la operatividad de la Conmebol".
Ueno Bank auspiciaba a los principales equipos de la primera división del país y la selección nacional. "También fuimos víctimas de esta situación", dijeron los jugadores del seleccionado en un comunicado en X.
Paraguay tiene aún el recuerdo fresco de lo ocurrido en 2012, cuando el por entonces presidente Fernando Lugo fue destituido en un juicio político en el Congreso a raíz de una masacre de 11 campesinos y seis policías a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción.
El exobispo había llegado al poder en 2008 poniendo fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado.
AFP
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