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SUSCRIBITEEste miércoles se cumplen dos meses del triple crimen de Solymar, en el que una pareja de paraguayos fue acribillada a balazos en Avenida Giannattasio y una adolescente de 16 años murió atropellada luego de que el conductor asesinado la embistiera.
La investigación ha arrojado muy pocos avances en cuanto a sus responsables, y lo que ha mantenido el tema en el foco han sido las renuncias masivas de jueces del Juzgado de Ciudad de la Costa por razones de decoro. Los magistrados solicitaron uno tras otro al Tribunal de Apelaciones ser apartados del caso ya que la madre de la joven embestida trabaja como actuaria en dicha sede penal.
El Poder Judicial no ha dado con los autores del hecho, pero el Ministerio del Interior afirma que se trata de un caso de sicariato y que los presuntos asesinos están vinculados a dos crímenes ocurridos días antes del hecho en el barrio Casabó. El 30 de enero un hombre y su sobrino de 1 año fueron asesinados a balazos en esa zona, al igual que otro joven que fue herido en una rapiña el 1 de febrero.
El factor común que liga los crímenes, según indicaron fuentes policiales a Telenoche, es el tipo de arma: una pistola automática 9 milímmetros. Policía Científica reveló que los casquillos de las balas en las distintas escenas del crimen corresponden a la misma arma, aunque la Policía no ha logrado encontrarla.
Desde principio de mes, el caso quedó en manos de juez de Paz de 2° turno de Ciudad de la Costa, Benjamín Raimondo Pazos, a quien la Suprema Corte de Justicia autorizó a actuar fuera de su jurisdicción y a utilizar los recursos de las sedes penales de Atlántida para llevar adelante su tarea.
En diálogo con Telenoche, el magistrado indicó que los delincuentes procesados por el crimen de Casabó no han sido citados aún a declarar. Agregó que ha habido avances que no pueden ser revelados, y que la Policía trabaja en encontrar el arma, que es la prueba que vincularía ambos casos.
De momento, los primeros y únicos indagados por el crimen fueron un ciudadano español de 64 años y su hija, quienes declararon el 10 de febrero ante la jueza Marcela Vargas y quedaron en libertad. Eran los propietarios de la casa de Parque del Plata que alquiló la pareja ultimada.
El hijo de siete años de la pareja asesinada, quien estaba dentro de la camioneta al momento del hecho, viajó junto a su tía a Paraguay díez días después sin declarar en el juzgado. Las autoridades del Consulado paraguayo y del INAU dijeron que se procedió de tal forma porque "la prioridad fue su protección". Mirá el interactivo con las claves del caso:
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