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SUSCRIBITEUber rompe los esquemas de transporte en todas partes del mundo y el factor común al que se enfrenta es la reticencia del taxi a la competencia y la ausencia de reglamentación por parte de los gobiernos para reglamentarlo. En España, la empresa desembarcó años atrás y hasta este miércoles estuvo vedada de trabajar legalmente.
Puntualmente, en diciembre de 2014, la justicia española accedió a un recurso presentado por la Asociación Madrileña del Taxi prohibiéndole operar en la capital española. El fallo argumentaba que la empresa no cumplía con los requisitos relacionados con las licencias de transporte público y tarifas y que por eso podría estar violando la ley de competencia desleal, situación similar a la que se presenta en Uruguay tras el arribo de la empresa.
Quince meses después de la prohibición, Uber volvió a operar en España pero a través de una plataforma llamada Uberx, que podría ser una solución al conflicto.
El cambio principal en la nueva modalidad es exige que los conductores sean profesionales profesionales y posean una licencia especial, llamada "VTC", que se les otorga a algunos choferes que trabajan en el sector turístico en Madrid. Actualmente solo existen en España unas 1.500 licencias de este tipo, dado que el Ayuntamiento de la capital española otorga una licencia de esas por cada 30 licencias de taxi.
En Uruguay, aún no hay una definición de parte de las autoridades respecto al desafío que presenta Uber. La última medida tomada al respecto es la presentación por parte del Ejecutivo al Parlamento de un proyecto de ley que propone que Uber y demás emprendimientos tecnológicos de servicios estén sometidos a controles, autorizaciones y permisos.
De aprobarse esa ley, en caso de no adscribirse a tales requisitos, distintos organismos podrían proceder a bloquear los movimientos financieros de los infractores del sistema a través del Banco Central, prohibiendo las transacciones desde y hacia personas físicas o jurídicas de empresas como Uber.
Dicho proyecto fue severamente cuestionado por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información por no adaptarse a los tiempos que corren y por poner en peligro la industria del software.
En paralelo, la Intendencia de Montevideo aplicó multas a los conductores de Uber, pero en los últimos meses, según confirmó a Telenoche la directora de Movilidad de la Intendencia, Beatriz Tabacco, no se han aplicado sanciones. Ante esto, las autoridades españolas plantean un modelo de control que podría ser tomado en cuenta debido al vacío legal que rige actualmente.
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