Impactante informe sobre sequía presentó Santo y Seña el domingo

“En los estrados me voy a defender”, dijo Penadés, quien todavía no presentó denuncias contra Romina Celeste, la primera en presentar acusaciones contra él. “¿Por qué no lo hizo?”, preguntó Ignacio Álvarez. Pablo Fernández, mientras tanto, dijo que eso es algo que llamó la atención dentro del Partido Nacional, aunque aseguran que aún está preparando esa demanda.

Sobre los fueros, en la Mesa de Periodistas, Álvarez explicó que “en los hechos, sea el delito que sea que cometa un legislador, el corporativismo legislativo jamás debería amparar a ese legislador en los fueros para que no vaya ante la Justicia porque los fueros no fueron inventados para cometer delitos y ‘zafar’ por ser legislador”. Leo Pereyra recordó que Lacalle Pou “es partidario de eliminar los fueros”.

En el piso del programa, Ignacio Álvarez leyó una denuncia que recibió en su cuenta de Twitter a Gustavo Penadés, por el mismo motivo. En el programa se transmitieron algunas de sus declaraciones: “Yo tampoco lo voy a escudar con que no sabía que éramos menores. En algunos no se notaba, pero en otros ‘a simple vista’ te dabas cuenta”, dijo el denunciante.

Además, se repasaron las distintas posiciones sobre la licencia de Penadés: aunque personas de su entorno entienden que tiene que pedir licencia, el senador no quiere hacerlo. “Hay senadores y altísimos jerarcas del gobierno que entienden que Penadés, por lo menos, tiene que pedir licencia”, aseguró Alejandro Amaral.

Un nuevo testimonio

Este domingo, en Santo y Seña, se presentó una nueva acusación contra Gustavo Penadés. El denunciante asegura que, a sus 14 años, recibió dinero luego de encontrarse dos veces con el senador. “Lo conocí porque tengo un amigo que recibía dinero a cambio de cosas sexuales con Penadés”, contó el denunciante.

"En el momento del encuentro empezó a tocarme y yo le dije ‘me dijiste que era solo para vernos’", aseguró el menor que acusa a Penadés. Además, dice que sabía que era político porque lo había visto en la televisión y en redes sociales, hablando de política.

Reforma de seguridad social

En la Mesa de Periodistas también se analizó la situación de la posible votación de la reforma de seguridad social. “Manini Ríos no sólo está pidiendo modificaciones en el proyecto. Cabildo Abierto está negociando otras cosas”, aseguró Álvarez, y agregó: “En uno de los primeros lugares de la agenda parlamentaria de la coalición está el proyecto para mandar a prisión domiciliaria a quienes estén privados de libertad con más de 65 años, que abarca a muchos militares”.

En tanto, Mujica en recientes declaraciones dijo que si el Frente Amplio gana las próximas elecciones “tendrá que modificar la Reforma Jubilatoria”. En Santo y Seña informaron que en la Comisión de Diputados de este lunes estaría Roberto Saldain y ministros. Ignacio Álvarez dijo que habría disposición del oficialismo a hacer algunos cambios de los que reclama Cabildo Abierto. Los años que se cuentan para calcular la jubilación sería uno de estos posibles cambios.

Informe Central: las consecuencias de la sequía

“No me acuerdo de una seca como esta”, es una frase que se repite entre los uruguayos. El impacto más importante de la sequía es en el sector agropecuario, donde ya se anticipan pérdidas de miles de millones de dólares.

“De tres millones de toneladas que se cosecharon de soja el año pasado, vamos a pasar a ochocientas mil”, aseguró Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional. “Podríamos estimar la desaparición de entre cuatro y seis mil millones de dólares en la economía nacional”, dijo.

El equipo de Santo y Seña visitó las inmediaciones de Estación Tapia, en Canelones, donde los productores aseguraron que “la sequía afectó a todos los rubros e impacta directamente en la economía de todos los días”. El senador Da Silva dijo que “detrás de una cosechadora que levanta soja, hay setenta personas trabajando”.

En la ganadería el impacto también se siente. José Luis De Armas, productor tambero de Tapia explicó: “baja la preñez y eso golpea tres o cuatro años para adelante”. Además, aseguró que “muchas veces la gente no lo entiende y lo primero que hace es culpar a los productores porque somos ‘unos llorones que andamos en 4x4’, pero este año vamos a dejar los poquitos ahorros y mucho más para poder soportar este año”.

William Marrero también es productor de horticultura y ganadería en la zona y siente el impacto de la sequía: “Cuando hacemos diez pesos, tiramos ocho al campo de vuelta y otros dos los comemos”, dijo. Además, explicó que la última lluvia importante llegó en agosto de 2022.

Ariel Pereyra también es tambero de Canelones y enfrenta la sequía con ración comprada: “La ración que teníamos para el invierno ya casi la liquidamos toda. Por mes gastamos USD 4000 por mes”. Para ‘salir del paso’ el productor recibió un crédito de USD 20.000, pero asegura que está “tapando agujeros”.

Los créditos son una herramienta a la que muchos productores apelan en tiempos difíciles, pero no es suficiente: “Nos estamos endeudando para sobrevivir, para aguantar y seguir en el campo”, asegura Marrero. “Lo que más pedimos es que el Estado ‘salga de arriba’ de nosotros” porque terminamos pidiéndole dinero al Estado para pagarle al Estado, entonces es un círculo de nunca acabar”, dice De Armas.

"Tenemos una ganadería que está afectada en 5 millones de hectáreas, donde hay que tener una carrera contra la primera helada y es donde la burocracia la tengo que afinar: hacerles llegar la ración y los fardos rápido porque sino no tiene levante", dijo el senador Da Silva, quien además es productor. “Nunca en mi vida había visto esto”, dice.

Por otra parte, los productores reclaman que se implementen planes de riego a nivel nacional: “Si nosotros pudiéramos pasar estas épocas con el 10 o 15% de nuestros predios bajo riego, no tendríamos que endeudarnos”, explica De Armas. Sobre esto, Da Silva promueve replicar el plan Prenader, que se implementó durante el gobierno de Lacalle Herrera para el riego del área arrocera.

A su vez, apuesta a que se concreten inversiones privadas. “Se hace la represa en los campos más ‘embromados’ y por cañería llevás agua a los campos buenos. Eso está faltando porque tenemos que mejorar al inversor privado la seguridad de que esa agua se puede vender 100 kilómetros para abajo y tenemos que ver alguna prioridad sobre esos inversores”, explicó el senador Da Silva.

Con la intensificación de la sequía, algunos embalses de agua se empezaron a secar y había previsiones de que las reservas se agotarían en pocos días. "Estamos hablando de una sequía que tuvo el enero más seco de los últimos 40 años y en algunos lugares de medición de los últimos 60 años", dijo Edgardo Ortuño, director de OSE. Alejandro Amaral visitó el embalse de Canelón Chico y de Paso Severino y la situación continúa siendo compleja en ambos lugares.

El Frente Amplio había dejado al nuevo gobierno de la coalición el proyecto de hacer una represa en el Arroyo Casupá, lo que permitiría embalsar 118 millones de m³ de agua que se agregarían a los 67 millones de m³ de Paso Severino y a los 18 millones de m³ de Canelón Grande, pero este gobierno optó por el Plan Neptuno, que consiste en tomar agua de la Playa Arazatí (San José), potabilizarla y llevarla al área metropolitana.

“Yo creo que se gana mucho desde el punto de vista estratégico”, dijo Raúl Montero, presidente de OSE. “Se habla mucho de que con Casupá esto no hubiera pasado, pero si hubiéramos comenzado con Casupá, todavía no lo habríamos terminado, pero además, no se habría llenado”, agregó.

Edgardo Ortuño, por su parte, dijo que “frente a una iniciativa privada, el gobierno cambia lo que venía estudiado y pronto desde hacía años en OSE y se encamina por un proyecto de privatización parcial del abastecimiento de agua potable”.

Mientras tanto, Montero explicó que “empezamos a ver que no solo teníamos problemas de materia prima y de agua bruta, sino de producción de agua y de capacidad de transporte. Necesitábamos un proyecto que solucionara esas tres cosas y Arazatí nos soluciona esas tres cosas”.

El costo del Proyecto Neptuno es de USD 253 millones, aunque a OSE le terminará saliendo USD 830 millones, porque deberá pagar USD 41.500 millones anuales al consorcio encargado de hacer la obra. Según el Frente Amplio, este proyecto podría costar USD 300 millones menos: “Esto mismo hecho por OSE, con financiamiento de los organismos multilaterales de crédito”, explicó Ortuño.