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Personas caminando por una playa en la isla Vilimalé. Maldivas.
AFPLa subida del nivel del mar amenaza la existencia de las Maldivas, donde el agua potable empieza a escasear, pero el nuevo presidente de este archipiélago del océano Índico se niega a reubicar a su población en el extranjero. El país es vulnerable al cambio climático y a la elevación del nivel del mar, lo que podría tener un impacto significativo en su biodiversidad y en la vida de sus habitantes.
El país, que está compuesto por 1.192 islas coralinas diseminadas en unos 800 km en el océano Índico, es un conocido destino del turismo de lujo.
A pesar de esta amenaza, la población local se niega a abandonar sus hogares, lo que refleja su arraigada conexión con estas islas y su determinación por preservar su estilo de vida y su patrimonio cultural.
El expresidente Mohamed Nasheed (2008-2015) inició su mandato advirtiendo a la población que podrían convertirse en los primeros refugiados climáticos del mundo. Intentó que el archipiélago ahorrara lo máximo para poder comprar tierras en India, Sri Lanka o más lejos, en Australia, para poder reubicar a los habitantes.
Pero su sucesor ha prometido que la población no tendrá que abandonar el país. En este sentido, el presidente Mohamed Muizzu propone, en cambio, un ambicioso programa de rehabilitación de las tierras y elevación de las islas, una iniciativa criticada por las organizaciones medioambientales.
Alrededor del 80% del archipiélago de las Maldivas está situado a menos de un metro por encima del nivel del mar. Es uno de los países más amenazados por el aumento del nivel del mar debido al cambio climático.
Sin embargo, la población local se muestra reacia a reubicarse en el extranjero, optando en cambio por fortificar las islas para protegerse de los efectos del cambio climático.
El panel de expertos sobre el clima de la ONU (IPCC) ya advirtió, en 2007, que un alza de 18 a 59 cm haría que las Maldivas fueran prácticamente inhabitables antes del fin de siglo.
En las últimas cuatro décadas, los proyectos de rehabilitación ya permitieron aumentar la superficie del país (300 km2) un 10%.
Pero las organizaciones de defensa medioambiental y de derechos humanos advierten que este programa, por mucho que sea necesario, debe llevarse a cabo con precaución.
Human Rights Watch (HRW) criticó recientemente a las autoridades del país por no respetar sus propias leyes medioambientales, "aumentando los riesgos de inundación y otros daños causados a las comunidades insulares".
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