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Ordenan trasladado de Leonardo Airaldi, investigado por ordenar asesinar a juez y un fiscal en Uruguay

El Tribunal Oral Federal de Paraná dispuso su ingreso al régimen de “alto riesgo” del Servicio Penitenciario Federal. La medida se da en medio de la investigación por planear ataque a los magistrados que intervinieron en su causa por narcotráfico.

La resolución —firmada por las juezas Noemí Marta Berros y Mariela Emilce Rojas y el juez José María Escobar Cello— dispone que el traslado se concrete dentro de las 24 horas y quede a cargo del Servicio Penitenciario Federal.

La decisión se conoce días después de que trascendiera que la Policía argentina frustró un presunto plan para asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, quienes intervinieron en la causa por narcotráfico contra Airaldi.

Según informó el diario Clarín, el imputado —hasta ahora alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú— habría ofrecido 40.000 dólares a sicarios uruguayos para concretar el ataque durante una supuesta estadía de los magistrados en Punta del Este. La maniobra fue detectada tras la declaración de otro recluso y no llegó a ejecutarse. Ninguno de los funcionarios viajó a Uruguay.

Régimen de “alto riesgo”

En su resolución, el tribunal señaló que la evaluación interdisciplinaria del Servicio Penitenciario Federal concluyó que Airaldi debía ser incorporado al régimen especial previsto en la Resolución 2024-35 del Ministerio de Seguridad argentino.

Los jueces rechazaron los planteos de la defensa, que se oponía al traslado a Ezeiza por entender que afectaba el derecho de defensa, los vínculos familiares y la atención médica del imputado. El tribunal sostuvo que la calificación de “alto riesgo” es una facultad exclusiva del Servicio Penitenciario y que la medida no es definitiva ni irrevocable.

Airaldi se encuentra con prisión preventiva desde marzo de 2024 y será juzgado desde el 3 de marzo en el debate oral por presunta organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, en el marco de la Ley 23.737. El tribunal ordenó que participe de las audiencias por videoconferencia y que sea trasladado a Paraná cuando deba declarar presencialmente.

La resolución también instruye garantizar comunicaciones semanales por videollamada con sus hijos, habilitar visitas y asegurar entrevistas privadas con sus defensoras.

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