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SUSCRIBITEEl diputado Alejandro Zavala (FA) presentó un proyecto para ampliar los controles a armas electromagnéticas y rastrear proyectiles de "duro calibre", mientras que el senador Nicolás Martinelli (PN) tildó la medida de ineficaz.
Alejandro Zavala (FA) y Nicolás Martinelli (PN). Debate por municiones.
TelenocheEl anuncio del Ministerio del Interior sobre un decreto para regular la venta de municiones generó inmediatas repercusiones políticas. La medida, que busca reducir el acceso de la delincuencia a los proyectiles, no solo abrió un debate sobre su alcance, sino que el oficialismo buscara profundizar la normativa mediante nuevas herramientas legales.
Desde las filas del Frente Amplio, el diputado Alejandro Zavala presentó un proyecto de ley destinado a dar "soporte" al decreto del Poder Ejecutivo. La propuesta oficialista busca regular dispositivos que hoy operan en un vacío legal, como las armas electromagnéticas y las de aire comprimido de alta potencia, las cuales, según Zavala, ya se están utilizando en el país y poseen capacidad letal.
Zavala enfatizó que el sistema político debe responder al enfrentamiento entre bandas de crimen organizado que utilizan "municiones de alto calibre y armas modificadas". Para el legislador, la prioridad es establecer un sistema de seguimiento y rastreo efectivo. "Nos preocupa mucho saber de dónde salen esas municiones, en particular las de duro calibre", afirmó, subrayando que esta modificación legal es una herramienta necesaria para que el Ministerio del Interior combata la problemática actual.
El senador del Partido Nacional y exministro del Interior, Nicolás Martinelli, defendió la "robustez" de la legislación uruguaya vigente, calificándola como una de las más estrictas de América Latina en cuanto a tenencia y porte. Martinelli sostuvo que "no hay absolutamente ninguna evidencia académica o científica" que indique que las balas utilizadas en los enfrentamientos criminales provengan del mercado legal.
Bajo esta premisa, el legislador nacionalista señaló que el foco del Ministerio debería estar en el mercado negro y en el control de quienes operan en la ilegalidad, en lugar de imponer más restricciones administrativas a quienes cumplen con la norma. El senador de la oposición instó a fortalecer la Dirección de Fiscalización de Empresas para controlar a armerías e importadores, pero advirtió que no se debe "seguir persiguiendo a la gente de bien" que posee armas de forma legal.
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