La directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores calificó la situación del establecimiento como de "precariedad" y aseguró que el Estado ya trabaja en el acompañamiento y la alimentación de los afectados.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a través de Inmayores, intervino tras recibir denuncias por el residencial de La Unión que operaba de forma irregular y tenía a los ancianos en condiciones inhumanas. Hasta el mediodía de este sábado había 15 residentes aún en el lugar.
La directora de la institución, Marianela Larzábal, confirmó que se trata de una intervención bajo órbita judicial debido a que en el lugar no se cumplían las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de los residentes. Según detalló Larzábal, el operativo permitió constatar que en el inmueble “no están garantizadas” la dignidad ni los cuidados correctos de las personas que allí vivían.
Ante este escenario, equipos médicos del Ministerio de Salud Pública realizaron valoraciones de salud en el lugar, determinando la hospitalización inmediata de varios residentes. La intervención no solo se limitó al rescate, sino que incluyó la llegada de asistencia alimentaria por parte del INDA.
Inmayores se encuentra coordinando actualmente los protocolos de acompañamiento para asegurar un entorno seguro para los adultos mayores mientras el Ministerio del Interior intenta localizar a sus familiares. Para aquellos casos donde no existen redes familiares directas, Larzábal explicó que Inmayores activa un procedimiento articulado con el Sistema de Cuidados y el BPS para garantizar el seguimiento y la protección permanente de estas personas.
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