La Justicia imputó a siete personas por su presunta vinculación con el intento de rapiña cometido el 11 de agosto en una sucursal bancaria de Colón.
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SUSCRIBITELa Justicia les imputó delitos como rapiña, hurto, narcotráfico, tráfico de municiones y receptación.
La Justicia imputó a siete personas por su presunta vinculación con el intento de rapiña cometido el 11 de agosto en una sucursal bancaria de Colón.
En esa oportunidad, varios delincuentes armados ingresaron al lugar ubicado en Garzón y Lezica y amenazaron al personal exigiendo el acceso a la caja fuerte.
Al activarse los dispositivos de seguridad, los ladrones escaparon cubriendo su huida con bombas de humo y clavos miguelito.
El Departamento de Operaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo identificó en agosto a tres de los participantes, que fueron formalizados en esa oportunidad. En esa oportunidad se formalizó a un hombre de 33 por un delito de rapiña especialmente agravado en reiteración real con delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones y se dispuso su prisión preventiva por 90 días.
Para otro hombre, este de 29 años, se dispuso la fijación de domicilio, colocación de tobillera y cierre de fronteras por 120 días, por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado en calidad de cómplice, en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones en calidad de autor.
En tanto, una mujer de 33 años debió fijar domicilio y se le prohibió salir del país sin autorización judicial.
El pasado 28 de octubre, en diversos allanamientos, se detuvo a cuatro hombres mayores de edad, y se incautó evidencia sobre el ilícito.
La Justicia dispuso para tres de los detenidos, de 51, 27 y 20 años, la formalización por asociación para delinquir, rapiña especialmente agravada y hurto especialmente agravado, además de delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y municiones, con prisión preventiva por 120 días.
Otros de los detenidos, de 27 años, deberán cumplir arresto domiciliario total con dispositivo electrónico por 30 días, por un delito de receptación.
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