2 de julio de 2025 - 18:34 Una menor de 16 años y cinco adultos fueron detenidos y condenados por integrar una red de estafas coordinada desde la Unidad N.º 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (ex Comcar), con participación de personas privadas de libertad y contactos en el exterior. Se registraron once denuncias en seis departamentos.
El caso se descubrió en marzo, cuando un hombre de 54 años denunció en la Seccional 3.ª de Los Cerrillos haber sido estafado al intentar comprar un motor fuera de borda por 10.000 pesos. La víctima realizó una transferencia a una cuenta a nombre de una adolescente y luego fue bloqueado de los medios de contacto.
La investigación identificó a una menor de 16 años y su pareja, un hombre de 26 años, como responsables de la maniobra. Ambos habían facilitado cuentas bancarias solicitadas por un recluso de 24 años.
Posteriormente, se identificó la participación de otros cuatro reclusos: un joven de 23 años con antecedentes por rapiña; otro de 28 con antecedentes por rapiña y porte de armas y municiones no autorizado; un hombre de 40 años con antecedentes por rapiña, hurto, suministro de estupefacientes y abuso sexual; y un joven de 21 años con antecedente por homicidio especialmente agravado.
Según información policial, los reclusos solicitaban a personas en libertad que abrieran cuentas bancarias para recibir las transferencias de las víctimas y luego reenviar el dinero a los internos.
Cinco personas fueron detenidas en el marco del operativo: tres mujeres mayores de edad, un hombre y una adolescente de 16 años, todos en Atlántida. Además, los cuatro reclusos involucrados fueron trasladados a la Fiscalía de Canelones.
Se esclarecieron 11 denuncias por estafas en Canelones (Los Cerrillos, El Pinar y Progreso), Montevideo, Maldonado, Lavalleja, Florida y Paysandú.
La Fiscalía Letrada de 1.º Turno de Canelones formalizó a los implicados. Tres reclusos fueron condenados a ocho meses de prisión efectiva por asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa.
Una mujer de 31 años y un hombre de 26 fueron condenados a ocho meses de libertad a prueba, con medidas como presentación semanal ante la policía, servicio comunitario y supervisión domiciliaria.
La adolescente fue responsabilizada por reiteradas infracciones graves a la ley penal y deberá cumplir una medida socioeducativa no privativa de libertad a cargo del INAU por seis meses.